Los dieciséis magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) escucharán mañana las alegaciones de los representantes de ANV y del EHAK-PCTV antes de decidir sobre las medidas cautelares planteadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en sus demandas de ilegalización de ambos partidos.

Entre las medidas cautelares reclamadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado se encuentra la de prohibir la posibilidad de que ambas formaciones concurran a las elecciones generales del próximo 9 de marzo, aunque sólo ANV ha presentado candidaturas.

La Abogacía del Estado ha pedido a la Sala Especial del TS que acumule las cuatro demandas en dos -una contra ANV y la otra contra el PCTV- y los magistrados, tras reunirse hoy, han acordado escuchar a las partes sobre tal solicitud y decidir al respecto mañana mismo.

La Sala ha acordado citar al comienzo de la vista señalada para las 10.00 horas al Ministerio Público, al representante del PCTV y al abogado del Estado para que opinen sobre tal acumulación.

A las 16.00 horas se decidirá la misma cuestión respecto de las vistas fijadas para estudiar las medidas cautelares contra ANV.

Así, en el caso de que decidieran acumular las demandas, en lugar de celebrarse una vista pública por cada demanda (a las 10.00, a las 12.00, a las 16.00 y a las 18.00 horas), sólo tendrían lugar dos, una por la mañana (la relativa a EHAK-PCTV) y otra por la tarde (la de ANV).

En sus demandas el Ministerio Público reclama, además de prohibir la posibilidad de que estas formaciones presenten candidaturas a las elecciones generales, la suspensión de su actividad política, el cierre provisional de sus sedes y el embargo de sus cuentas bancarias.

También reclama el embargo de los ingresos que por subvenciones o cualesquiera otros conceptos procedentes de las Administraciones Públicas tengan asignados.

Según argumenta la Fiscalía, la petición del cierre de las sedes sociales tiende a evitar que éstas u otros locales de titularidad o uso habitual por parte de los partidos demandados puedan seguir sirviendo para la realización de actos políticos, tanto por parte de sus miembros como de los de Batasuna.

Respecto a las medidas de intervención cautelar de fondos, las demandas indican que, de mantenerse operativos los activos financieros de los que son titulares ambos partidos, "los sucesivos ingresos de fondos que se realicen en las cuentas abiertas serán inmediatamente reintegrados, probablemente con el mismo destino que hasta ahora", es decir a miembros relevantes de Batasuna.

Por su parte, la Abogacía del Estado reclama como medida cautelar la suspensión de la entrega a ambos partidos de recursos procedentes de la financiación pública al estimar que, en el caso de que no se adoptara esta medida, ANV y PCTV seguirían percibiendo importantes sumas de dinero procedentes de las arcas públicas, "es decir del conjunto de los ciudadanos".

"Sumas que serían empleadas (...) en la financiación de las actividades de una organización criminal", añade.

El abogado del Estado también reclama como medida cautelar la suspensión de actividades de ambos partidos y en particular la suspensión del derecho a presentar candidaturas en las elecciones, al considerar que el interés general exige que su actuación ilícita "cese de forma inmediata".

Según las demandas, ANV y el EHAK-PCTV apoyan decididamente "la actuación de una organización terrorista, ofreciendo amparo político y social a los actos criminales cometidos por ésta" y la continuación de esta actividad "produciría perjuicios evidentes al conjunto de la sociedad española".