"Súsper" niega la legitimidad del tribunal que lo juzga en Francia por extorsión

El que fuera jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, "Susper", negó hoy legitimidad al Tribunal especial de lo Criminal de París que lo juzga por diversos cargos, entre ellos la extorsión, en un proceso en el que comparecen otros cuatro etarras o presuntos miembros de la banda.

"No tienen ninguna legitimidad para juzgarnos", dijo "Susper" a los siete miembros del tribunal -todos ellos magistrados- al ser interrogado sobre sus antecedentes y sus condiciones de detención, en la primera jornada del juicio.

Al abrirse la vista, que se desarrolló entre extraordinarias medidas de seguridad y con unos treinta allegados que animaron y vitorearon a los acusados, Fernández Iradi, de 36 años, comparó a los miembros de ETA con los luchadores del Frente de Liberación Nacional de Argelia en la guerra de independencia contra Francia y a la resistencia francesa a la ocupación nazi en la II Guerra Mundial.

"Nuestra actitud va a ser no responder a sus preguntas", afirmó.

Avanzó así la que iba ser la actitud de sus colaboradoras directas hasta su detención el 19 de diciembre de 2002, su compañera Beltzane Obanos (30 años) y única de los acusados que comparece libre, y la que fuera su presunto brazo derecho Lorena Somoza (32).

Lo mismo hicieron los otros dos inculpados, Mikel Miren Otegi (35 años) y Alona Muñoa Ordozgo (31), arrestados el 22 de febrero de 2003 gracias a los papeles requisados a "Susper" dos meses antes y ya condenados en Francia por su vinculación con ETA.

El propio "Súsper" fue condenado el pasado febrero a 30 años de prisión por haber disparado a un gendarme en 2001.

El presidente del tribunal, Francis Debons, recordó a Otegi que tiene pendiente una demanda de extradición de España por la muerte de dos agentes de la policía autónoma vasca en 1995, un hecho por el que fue inicialmente absuelto por un tribunal popular.

Tras justificar su fuga después de la "decisión política" de repetir el juicio después de dicha absolución, Otegi denunció la "catastrófica" situación "política" en el País Vasco y aludió en particular al encarcelamiento de numerosos nacionalistas radicales.

"Hoy cualquiera que sea nacionalista vasco puede ser considerado de ETA", argumentó Otegi, que dijo no tener "confianza en la justicia francesa", porque nadie ha sido condenado por el asesinato en Francia hace más de 20 años de Juan Mari Otegi a manos de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación).

Pese a su inicial aviso de que no respondería a los magistrados, "Susper" sí quiso intervenir cuando se evocaron las tres demandas españolas de extradición contra él al sostener que las actas de acusación "se basan en confesiones de gente maltratada por la policía española".

"Es vergonzoso que Francia se atenga a esas confesiones", declaró el que, según el sumario, asumió las riendas del aparato militar de ETA a finales de septiembre de 2002 tras la captura de Juan Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Múgica Goñi.

Tras su arresto en diciembre de 2002, "Súsper" logró escaparse de la comisaría de Bayona dos días más tarde y permaneció huido un año.

Fernández Iradi, que ha recibido 186 visitas en la cárcel y ha iniciado trámites para casarse, cargó contra lo que calificó de "situación injusta" de los presos de ETA en Francia por estar alejados del País Vasco, lo que obliga a largos desplazamientos a sus familiares.

Todos los encausados reiteraron sus protestas por no disponer de intérprete en euskera (lengua vasca) y sí en español. Así, Otegi denunció que se les quiera obligar a "hablar en una lengua que no es la nuestra".

Interrogada sobre su paso por la prisión -quedó libre bajo control judicial en 2006-, Obanos dijo que, más allá de la falta de libertad física, "hay una prisión más importante en el País Vasco".

En este juicio, que se prolongará hasta el próximo día 15, a Fernández Iradi, Obanos y Somoza se les acusa, entre otros cargos, de receptación de más de 914.000 euros procedentes del impuesto revolucionario que cobró ETA a empresarios españoles, de los cuales 700.000 procedían de operaciones del llamado secuestro exprés.

A "Susper" específicamente también se le acusa de extorsión de fondos, al haber obtenido o intentado, entre septiembre y diciembre de 2002, el pago por 16 empresas de cantidades que iban de 12.000 a 500.000 euros en concepto de ese impuesto revolucionario.