El TC admite el recurso contra los derribos de El Cabañal

El Tribunal Constitucional admitió a trámite el jueves el recurso del Gobierno central contra el plan de la Generalitat Valenciana para revitalizar el barrio pesquero de El Cabañal, que incluye derribos de la histórica zona, informó el alto tribunal.

El auto del tribunal suspende la aplicación de la ley valenciana desde el día 1 de febrero, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero presentó el recurso, en el último episodio de una larga batalla legal.

El Cabañal es un barrio marinero de la ciudad de Valencia con unas peculiares casas bajas de finales del XIX, que conserva el sistema urbano reticular derivado de las barracas, las antiguas viviendas típicas valencianas.

El plan de la Generalitat prevé ampliar la avenida Blasco Ibáñez y conectarla con el mar, lo que según los defensores del barrio, partiría El Cabañal en dos.

El Gobierno central persigue la protección del patrimonio histórico-artístico contra el expolio, según explicó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero, cuando sopesaban la presentación del recurso.

"Será la Generalitat la que tenga que explicar por qué tiene tanta prisa en derribar un barrio histórico para construir otro nuevo en su lugar", declaró entonces de la Vega

Sin embargo, la Generalitat Valenciana considera que el Gobierno está invadiendo sus competencias y perjudicando a los vecinos de la zona.

"El recurso de inconstitucionalidad (...) intenta frenar una calidad de vida, equipamientos, infraestructuras y servicios que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valencia siguen reclamando y trabajando conjuntamente para hacerlos llegar lo antes posible", según las declaraciones del consejero de Medio Ambiente valenciano, Juan Cotino, en las Cortes Valencianas el 5 de febrero, tras el recurso gubernamental.

La plataforma "Salvemos El Cabañal" estima que el proyecto, que se remonta más de 10 años y ha llegado hasta el Tribunal Supremo y ahora al Constitucional, destruirá más de 1.500 viviendas y pondría fin a la particular planta urbana.

La Generalitat defiende que su plan incrementa un 40% la protección de inmuebles en el barrio, con casi 600 edificios protegidos y que la prolongación hasta el mar apenas supone un 2% de la superficie total de actuación, revitalizándose pues el 98% del barrio.

"(La Generalitat quiere) permitir a los residentes y ciudadanos de este área urbana que entren de pleno en el siglo XXI y no queden marginados en un área del siglo XIX como pretende el Gobierno Central", resumió Cotino.

El Constitucional acordó dar un plazo de 15 días para que las partes interesadas " puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".