La declaración de inconstitucionalidad de la ley que ampara la consulta que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, pretendíacelebrar en el País Vasco era la única posible, manifestó el viernes el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

"La ilegalidad es tan notoria, que nadie con criterio jurídico podría opinar otra cosa", declaró el ministro en una entrevista en Radio Nacional deEspaña.

"El Tribunal Constitucional ha dicho lo que cualquier jurista sabe, que solo el Gobierno puede plantear referendos", agregó.

El pleno del alto tribunal, presidido por María Emilia Casas, tomó la decisión por unanimidad, amparándose en el artículo 149 de la Constituciónque atribuye al Estado como competencia exclusiva "la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum".

El lehendakari había mantenido que, al tratarse de una consulta popular, no era vinculante, y por tanto no requería de la previa autorización delEstado. Sin embargo, el Constitucional sostuvo que se trataba de un referéndum dado el objeto de la consulta, la voluntad requerida y que ésta "ha demanifestarse mediante un proceso electoral dotado de las garantías propias de los procesos electorales".

Anticipándose a la decisión del Constitucional, el lehendakari anunció en agosto que demandará al Estado español en el Tribunal de DerechosHumanos de Estrasburgo por "violación" del Tratado Europeo de Derechos Humanos y Libertades, y animó a los ciudadanos vascos a secundarle.

Ibarretxe leerá hoy un comunicado institucional tras la reunión del gobierno tripartito vasco en el que dirá cuál es su reacción oficial.

"Es una iniciativa abocada a fracasar", dijo Bermejo. "Es una huida hacia adelante que no conduce a nada bueno para él (Ibarretxe)".

Bermejo señaló además que en el tratado europeo no hay ningún derecho a convocar un referéndum, que se trata de una competencia exclusiva delEstado, por lo que no será atendido por el Tribunal de Estrasburgo, y que el Parlamento de Vitoria aprobó ilegalmente la ley al hacerlo por lecturaúnica.

La ley planteada por Ibarretxe fue aprobada en el Parlamento de Vitoria el pasado 27 de junio y proponía una consulta sobre la apertura de unproceso negociador "para alcanzar la paz y la normalización política en el País Vasco".

El Gobierno central y el Partido Popular recurrieron la ley aprobada en Vitoria el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vascoel 15 de julio.

El proyecto de consulta pretendía incluir dos preguntas a los ciudadanos vascos: si están de acuerdo en apoyar "un proceso de final dialogado de laviolencia si previamente ETA manifiesta de manera inequívoca su voluntad de poner fin a la misma", y en que "los partidos vascos, sin exclusiones,inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco".