El TC tumba la exclusividad de Andalucía sobre el Guadalquivir

"Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra comunidad autónoma", reza el artículo 51 del Estatuto Andaluz, aprobado en 2007 con el consenso de PSOE, PP e IU. Fue, sin embargo, uno de los asuntos espinosos que enfrentó a los socialistas Manuel Chaves y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que consideraba que Andalucía se arrogaba unas competencias que eran del Estado. Cuatro años después, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha dado la razón a Extremadura.

El Pleno del alto tribunal ha declarado inconstitucional y nulo el citado artículo, según avanzó en una nota. Extremadura argumentó que la cuenca del río afecta a varias regiones Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia y la competencia sobre sus aguas debe ser, por tanto, estatal. No obstante, el Constitucional ha desestimado el resto del recurso presentado por Extremadura, que hacía referencia a los artículos 43, 50.1 a) y 50.2, que se refieren al alcance territorial y a los efectos de las competencias. El texto de la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Javier Delgado Barrio, será notificado en los próximos días.

El Constitucional desestimó otras reivindicaciones de Extremadura

No están aún claras las consecuencias prácticas, que podrían ser pocas, a falta de conocer el contenido íntegro de la sentencia. La Junta y el Gobierno firmaron en 2007 el acuerdo para la transferencia de la cuenca. El Estado se reservó las competencias de planificación general e inversión. La Junta se quedó con el resto: las concesiones, las infraestructuras hidráulicas y el dominio público hidráulico. Los embalses se repartieron entre ambas administraciones.

La Junta obtuvo 53 embalses y el Estado retuvo la gestión de otros cuatro, que afectaban a otras comunidades autónomas. La transferencia cuesta al Estado anualmente 123 millones. La Junta asumió también unos 800 funcionarios. Más del 90% de los 57.527 kilómetros cuadrados de la cuenca son territorio andaluz. El resto pertenece a Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura,

El Ejecutivo y los partidos andaluces coincidieron ayer en la necesidad de buscar el "máximo consenso" entre las distintas fuerzas para mantener la gestión andaluza sobre el río Guadalquivir. Así lo resaltaron los representantes de todos los partidos y la consejera de Presidencia, Mar Moreno, tras la reunión que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, celebró ayer por la tarde en el Parlamento con el presidente del PP, Javier Arenas, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, y la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz.

Griñán y Zapatero se verán el próximo lunes para evaluar las consecuencias

"Nuestro objetivo es mantener la mejor gestión posible de un recurso clave. El Guadalquivir es el río que nos une y nos vertebra, que riega nuestros campos y forma parte de nuestra cultura milenaria. Hay margen en la constitución para que Andalucía siga decidiendo sobre el Guadalquivir", afirmó el presidente en una declaración institucional sin preguntas. "El Guadalquivir es un río andaluz. No digo esto como un sentimiento, sino como una convicción. El Gobierno andaluz va a encontrar la forma más adecuada para abordar la gestión de este río", afirmó Griñán. "Respetamos y acatamos la sentencia", añadió. Griñán anunció una reunión en los próximos días con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para buscar "una posición consensuada". El encuentro será finalmente el lunes.

La posición del TC ayudará a dilucidar otras reivindicaciones autonómicas en materia hidrográfica, surgidas al calor de las reformas de los estatutos de autonomía, como la de Castilla y León sobre la gestión del Duero o las de Aragón, Murcia y Valencia en relación a la reserva de caudales "autonómicos" del Ebro o del Tajo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), aseguró ayer que, aunque el Estatuto de Andalucía "inspiró" el tratamiento que se daba a las aspiraciones de Castilla y León sobre el Duero, la redacción de ambos textos es "muy diferente".

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, manifestó que el Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional.