Telefónica acaba de romper el silencio que hasta ahora caracterizaba a la compañía, la primera de España por número de empleados, en materia de casos de fraude y corrupción detectados entre sus trabajadores o proveedores. Los datos que ha revelado ahora son contundentes.

En 2008, al referirse a este asunto, la operadora se limitaba a señalar en su memoria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que había iniciado 'una investigación'. Parece que esas pesquisas han dado sus frutos. En el informe de RSC de 2009, al referirse al ejercicio precedente, la empresa revela el despido de 358 empleados del área de Atención al Cliente y Ventas de O2, su filial británica de telefonía móvil, por prácticas de fraude o corrupción. Los motivos no se explican. Los casos fueron reportados por el departamento de Recursos Humanos.

O2 fue adquirida por Telefónica en 2005. La empresa que preside César Alierta pagó más de 26.000 millones de euros en la que, todavía hoy, es la mayor operación corporativa de una empresa española en el extranjero.

La detección de prácticas irregulares en compañías recién adquiridas es habitual. A Iberdrola le ha pasado lo mismo: de los 37 casos de fraude o corrupción reconocidos el año pasado, 35 correspondían a empleados en Estados Unidos. La eléctrica entró en ese país hace tres años con la compra de la distribuidora Energy East.

En su informe de RSC de 2009, Telefónica explica que ha despedido a 8 empleados en ese ejercicio por fraude o corrupción, aunque no explica qué hicieron ni a qué área geográfica o división pertenecían. La compañía, que opera en 25 países y tiene unos 250.000 empleados, también da cuenta de 158 comunicaciones recibidas a través de su buzón de denuncias (un sistema habitual en las grandes empresas para corregir posibles irregularidades de sus empleados). De esas denuncias, 17 eran 'procedentes'. Se resolvieron mediante la puesta en marcha de 19 'acciones disciplinarias'.