La polémica persigue a Telemadrid. El último escándalo que ha rodeado a la cadena autonómica se refiere a una información sobre las actas de ETA emitida el 30 de marzo en la que aparecía el sello de ETA sobre los rostros de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba. Los sindicatos denunciaron la manipulación informativa, una crítica que la televisión pública negó. Además, su consejo de administración tachó el trabajo de "irreprochable" y respaldó a la dirección y a los profesionales de informativos.

Pero este no es el único motivo que ha convertido a Telemadrid en noticia, ya que en lo que va de año, el canal autonómico ha tenido que enfrentarse a cinco condenas.

Una de las últimas sentencias fue por unas declaraciones de Hermann Tertsch

En febrero de este año, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pozuelo condenó a Telemadrid a emitir una rectificación tras afirmar falsamente que el imán de la mezquita de Fuenlabrada era salafista y que tenía vínculos con Al Qaeda, un fallo que la cadena ya ha recurrido.

En ese mismo mes, el Supremo confirmó la condena de la sección novena de la Audiencia Provincial de Madrid de 2008 a la cadena autonómica por un documental emitido en la víspera del primer aniversario del 11-M, que identificaba erróneamente a un hombre como el dueño de la casa de Morata de Tajuña, que los terroristas que cometieron la masacre usaron como base de operaciones. También en marzo, Telemadrid tuvo que afrontar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de desestimar su recurso tras la condena del Juzgado de lo Social número 26, en febrero de 2010, por vulnerar el derecho a la huelga y a la libertad sindical, un fallo que también va a recurrir.

Pero la lista no acaba aquí. En marzo también hizo frente a otra sentencia contraria del Juzgado de lo Social número 38, que declaró injustificada la modificación del horario de un trabajador, un hecho que volvió a repetirse en julio de 2010, con una condena del Juzgado de lo Social 37. Y, por último, en marzo, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pozuelo de Alarcón condenó al ente a la difusión de la rectificación solicitada por los demandantes tras unas declaraciones de Hermann Tertsch, en las que acusaba veladamente a la plantilla de ser responsable de sabotajes, decisión que la cadena ya ha recurrido.

"Saltarse la ley les sale gratis a los que lo hacen", apuntan desde CGT

Esta dinámica de encadenar sentencias en contra ha llevado a Telemadrid a acumular 18 condenas desde 2008. En mayo de aquel año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al ente a anular el despido y readmitir a un trabajador. Además, en junio de 2008, vio cómo el Juzgado de lo Social número 25 le daba la razón a un grupo de trabajadores que solicitaba su condición de indefinidos, algo que sucedió de nuevo en el Juzgado de lo Social número 23, en junio de 2010.

En el ámbito laboral, Telemadrid también ha visto cómo la justicia reconocía la antigüedad de algunos de sus trabajadores y le obligaba a asumirlos como indefinidos, a través de las sentencias del Juzgado de lo Social número 34 (diciembre de 2008); del número 20 (febrero de 2009) y del número 30 (mayo de 2010).

El conflicto colectivo también ha llegado a los tribunales con cuatro sentencias en junio y diciembre de 2009 (una del Juzgado de lo Social número 8, otra del número 29 y dos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que las confirman).

Fuentes de Telemadrid consultadas por Público rehusaron hacer una valoración sobre el número de condenas que acumula y tampoco indicaron cuántas de las sentencias de entre 2008 y 2010 han sido recurridas.

Quienes sí valoraron la dinámica de Telemadrid fueron los sindicatos. Desde CGT, José Ángel Jiménez tachó de circunstancia "sin parangón" el hecho de que una empresa pública "sea capaz de estar más tiempo en los tribunales que gestionando su responsabilidad". "Saltarse la ley le sale gratis a los que lo hacen. Ante este hecho creemos que los gestores deberían dimitir o ser cesados", apuntó Jiménez, quien consideró que el objetivo de la cadena tendría que ser "defender las libertades consagradas en la Constitución y no vulnerarlas".

En esta línea también se manifestó Maite Treviño, portavoz de UGT, que lamentó que las consecuencias de las decisiones de la dirección "las paguen los madrileños", que también tienen que sufrir "la manipulación" y, según Teresa García portavoz de CCOO, la difusión de calumnias "prácticamente a diario".