Las televisiones autonómicas podrán ser privatizadas. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de abril, que comienza a debatirse este jueves en la comisión de Industria del Congreso, da libertad a los gobiernos regionales para externalizar determinados servicios televisivos, explotar una cadena con sus propios medios o, directamente, sacar a concurso la licencia y ceder la gestión a operadores privados. Madrid, Castilla-La Mancha y el País Valencià ya han anunciado su intención de privatizar sus canales autonómicos. ¿Es el inicio del fin de la televisión como servicio público esencial?

Miguel Ángel Sobrino, catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, opina que sí. “La reforma responde a criterios ideológicos, no financieros. La ley pretende liquidar el sistema de televisiones autonómicas públicas para controlar la opinión a través de esos medios”, apunta Sobrino, que señala que aunque el negocio televisivo no sea del todo “rentable” es un “herramienta” muy útil para llegar a las conciencias de la gente. “Ahora, en lugar de controlarlos de manera pública lo harán de manera privada”, añade.

El Gobierno, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, pretende con esta ley que las autonomías puedan elegir “libremente” la forma de gestión de los canales públicos regionales. Así, las comunidades podrán dar a un tercero la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los programas, convocar concursos para adjudicar las licencias a la iniciativa privada, o establecer convenios de colaboración público-privados. El objetivo: una mayor eficacia y eficiencia de las cadenas autonómicas.

"La reforma responde a criterios ideológicos, no financieros", afirma Miguel Ángel SobrinoEl anterior Gobierno del PSOE blindó el carácter público de las televisiones autonómicas a través de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), de 2010 . Este texto, en su artículo 40.1, califica las televisiones públicas como “servicio esencial de interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el conocimiento”.

Ahora, el Gobierno del Partido Popular finiquita este principio de servicio público y da luz verde a la posibilidad de privatizar las televisiones regionales. Actualmente hay 13 entes autonómicos que explotan más de 20 canales de televisión y de radio con un presupuesto conjunto que ronda los 1.400 millones de euros, de los que más del 70% proceden de las arcas públicas.

El secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (Forta) , Enrique Laucirica, ha señalado a Público.es que la reforma es “positiva” ya que permite “abrir el abanico de gestión” a los ejecutivos autonómicos y duda de que la posibilidad de elegir “el modelo de gestión” de cada televisión autonómica contribuya a “poner en dificultad la libertad de información”. “Si la titularidad sigue siendo pública cada ejecutivo podrá imponer los controles democráticos que considere oportunos. Por el contrario, si pasa a manos privadas, será el público el que decida si quiere ver la nueva televisión o no”, explica.

Esta opinión no es compartida por Carlos Ponce, secretario sectorial de comunicación social de FeS-UGT. Ponce explica que la reforma del sector audiovisual tendrá dos consecuencias “muy graves”. “La primera de ellas es la pérdida, por parte de los ciudadanos, del derecho a acceder a información pública de proximidad. Una vez que es el talonario el que manda se vulnera el derecho constitucional a una información veraz y plural”, apunta Ponce. El segundo aspecto que remarca el portavoz de UGT es la gran cantidad de empleos que se perderán. “Las autonómicas proporcionan 12.000 empleos directos y más de 10.000 indirectos que están ubicados en centros de producción audiovisual independientes. Si se desmantela el sector autonómico audiovisual desaparecerá el empelo y la industria audiovisual de cada autonomía”, añade.

Esta segunda consecuencia preocupa mucho más a Laucirica. “En las comunidades autónomas hay una industria audiovisual más o menos boyante que sin la televisiones autonómicas no existiría. Es una industria, además, que todos deberíamos proteger porque es básica para salir adelante. Tiene un alto valor añadido y comporta innovación, tecnología y conexiones que van más allá del mundo de la televisión como internet o la nueva economía”, señala Laucirica.

El Gobierno pretende con esta ley que las autonomías puedan elegir "libremente"La primera comunidad en apuntarse a la privatización ha sido la de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre (PP). La máxima responsable del Ejecutivo madrileño señaló, pocos días después de la aprobación del proyecto de ley, que no cree en la televisión pública. "Yo nunca he ocultado que mi deseo es privatizar Telemadrid", apuntó la presidenta. Al mismo carro se subió inmediatamente el Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por la número dos del PP nacional, María Dolores de Cospedal, que apuntó que cuando finalice el proceso de saneamiento en el ente público castellano manchego se procederá a su privatización. Por último, también el País Valencià ha anunciado su intención de vender la licencia de Canal 9 a televisiones privadas alegando pérdidas económicas.

En este sentido, Teresa García, miembro del comité de empresa de Telemadrid, apunta que una televisión pública que aporte información veraz, plural y objetiva es uno de los “pilares fundamentales de la democracia y un servicio esencial” para que los ciudadanos no puedan “ser manipulados con facilidad”. “Ya hemos comprobado que esa no es la intención de Esperanza Aguirre, y prueba de ellos es su gestión de Telemadrid, que ha sido un instrumento del Partido Popular desde su llegada a la presidencia en 2004”, añade.

Teresa García predice cuáles van a ser los pasos que va a seguir el Ejecutivo madrileño. “Primero harán una limpia bestial de plantilla y despedirán a todos aquellos que no hemos apoyado sus artimañas.  Y con la ley una vez aprobada, la cadena pública será privatizada”, añade García.  Apunta, además, que la venta de la cadena pública es una “irresponsabilidad política enorme” con grandes daños para la “democracia” y para “los trabajadores”.

“Todo sigue un proceso. Primero despilfarran, después alegan que lo público no funciona y, por último, privatizan. Pero no pasa sólo con la televisión, también está pasando con la sanidad, la educación o el agua, o con otras cosas más banales como los parquímetros. Es la segunda desamortización”, concluye Sobrino.