El Tribunal Constitucional atraviesa uno de sus momentos más difíciles. No todos sus miembros tienen la misma idea de la Constitución. Por eso, entre sus magistrados hay quien teme que la sentencia que el sector conservador pueda impulsar sobre el Estatut sea muy restrictiva. Tanto que no sólo no se entienda en Catalunya, sino tampoco en el resto de España, porque de rebote afectaría a estatutos que llevan años en vigor sin plantear ningún problema, como el gallego (vigente desde 1981) o el canario (1982), pero también el de Castilla y León (reformado en 2007) o el andaluz (modificado en 2006).

El temor proviene, según fuentes conocedoras del Tribunal Constitucional, de que algunos consideran que los magistrados más conservadores, y, por tanto, más contrarios al Estatut, tienen una visión preconstitucional del Estado. Una visión que cuestiona, incluso, el propio Estado autonómico. Es la que las fuentes consultadas atribuyen a los magistrados Javier Delgado y Vicente Conde, ambos provenientes del Tribunal Supremo y con una larga experiencia jurisdiccional. El primero tiene 78 años y el segundo, 70.

Un texto muy restrictivo afectaría a estatutos vigentes desde los ochenta

También se incluye en ese bloque conservador a Jorge Rodríguez-Zapata, ponente de la sentencia que el alto tribunal prepara para resolver el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra el Estatut de Catalunya. Esta impugnación, que se resolverá después del recurso del PP, está previsto que aplique el criterio que el alto tribunal marque en el recurso más importante: el del PP, que impugnó 112 preceptos y 12 disposiciones del texto catalán. La ponencia de Rodríguez-Zapata ya la conocen los magistrados del TC, es mucho más restrictiva que la que proponía Elisa Pérez Vera y fue rechazada por cuatro votos a seis en el pleno del 16 de abril.

Después de resolver los recursos del PP y el Defensor del Pueblo, les llegará el turno a los presentados por cinco comunidades autónomas. En las deliberaciones de los dos primeros no participa el magistrado Pablo Pérez Tremps, que fue recusado por el PP. Con esa decisión y el fallecimiento de Roberto García-Calvo, el Pleno para resolver el recurso del Estatut quedó conformado por cinco magistrados considerados progresistas y otros tantos conservadores.

La sentencia que avaló el estatuto valenciano no tuvo apoyo conservador

Así fue hasta el pasado mes de noviembre, cuando se supo que Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno, votó en contra de la sentencia de Elisa Pérez Vera, pese a que se había visto enriquecida con sus propias sugerencias y las de la presidenta, María Emilia Casas. El pasado abril, quedó claro que Aragón estaba más en el sector conservador que en el progresista.

Por eso, la presidenta entregó la ponencia al vicepresidente, Guillermo Jiménez, cuyas tres primeras propuestas han sido rechazadas. La cuarta sigue en manos de los magistrados conservadores. Y el temor que existe en el alto tribunal reside en la conciencia de que, para concitar un consenso entre los cinco magistrados conservadores, Jiménez debe, necesariamente, aumentar sustancialmente la cifra de 15 artículos que los magistrados progresistas consideraban inconstitucionales en la sentencia del Estatut rechazada en abril.

El único Estatuto que ha tenido que pasar el filtro de constitucionalidad del alto tribunal en su composición actual ha sido el valenciano. El recurso presentado por el Gobierno de Aragón fue rechazado por el alto tribunal en una sentencia que contaba con el voto discrepante de los cinco magistrados conservadores.

Se trataba de Javier Delgado, Vicente Conde, Roberto García-Calvo, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas, que siempre ha votado con los conservadores hasta que, en la deliberación del Estatut se ha alineado con Jiménez y Aragón. La oposición de los discrepantes estribaba en que consideraban que el Estatuto "excede en su ordenación del límite territorial" que le corresponde, al garantizar a los valencianos el derecho a disponer del abastecimiento de agua y su redistribución.

Pero las fuentes consultadas creen que el problema no lo constituyen tanto los magistrados que hay como los que podrían llegar al alto tribunal si los partidos no vuelven a primar la calidad de los candidatos frente a la ideología y evitan que el TC se convierta en un premio tras presidir el Supremo. A su juicio, la solución pasa por elegir más catedráticos.