Candidato al Senado por el PP en las Pitiusas y alcalde de Sant Antoni de Portmany (Ibiza) entre 2003 y mayo de 2011, Josep Sala Torres es uno de los imputados en el caso por el que se investiga la elaboración del Plan Territorial (PTI) de la todavía idílica isla balear. Con el apoyo de Sala, en su doble calidad de regidor local y miembro del Consell Insular, se aprobaron en 2005 el PTI y un convenio urbanístico previo. Sus términos beneficiaban a la familia del exministro Abel Matutes, cuyos terrenos en el paraje llamado Ses Variedades experimentaron la transmutación alquímica usual: de rústicos a urbanos. O sea, de plomo a oro.

Una hija de Abel Matutes, Stella, era miembro del Consell. Y participó en la votación del PTI. Gracias al convenio municipal de Sant Antoni y al plan territorial que luego blindó su contenido, los Matutes vieron cómo se disparaba el valor de los terrenos rústicos que meses antes habían vendido a la inmobiliaria Realia Business. Atendiendo a la denuncia que originó la imputación de Sala y la hija del exministro, aquella fue una recalificación de matute. El grupo ecologista GEN-GOB, que ejerce la acusación popular, cuenta que Ses Variedades no sólo logró rango de suelo urbanizable sino que quedó exento de limitaciones edificatorias. La venta del terreno -explica GEN-GOB- se hizo mediante un contrato con cláusula suspensiva: si se recalificaba, adelante; si no, marcha atrás.

En primavera, y a la vista de su imputación, el PP balear descabalgó a Sala de las candidaturas a la presidencia del Consell y a la alcaldía de Sant Antoni. El apartado se quejó: "El PP me criminaliza", dijo entonces a la prensa local. Y adujo algo más. Algo muy elocuente sobre cómo la lejanía asfixia el ruido de los escándalos urbanísticos en Ibiza. "Nadie -razonó entonces Sala-, ni los medios ni los oponentes políticos, habían reparado" en su imputación. Tuvo que ser su "propio partido" el que pusiera el dedo en la llaga, añadió.

Pero las peleas de familia duran poco. A final de mayo, la Fiscalía ordinaria pidió el archivo de las diligencias por "falta de indicios" de prevaricación, tráfico de influencias e información privilegiada.

La jueza cerró el caso y el PP rescató a Sala para el Senado. Pero la repesca se produjo justo después de que, a instancias de los ecologistas, la magistrada hubiera reabierto la instrucción, lo que devuelve a Sala la condición de imputado. El último paso judicial ha sido la petición formal a los denunciantes para que presenten escrito de acusación. Público intentó ayer por la mañana obtener la versión del PP ibicenco. La militante que atendió la llamada pidió un teléfono y prometió una respuesta. Nunca más se supo.