Un testigo cree necesario que un juicio establezca la verdad

El tercer testigo de la sesión de ayer del juicio contra Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo fue el historiador Ángel Rodríguez Gallardo. Su testimonio, que se produjo en sustitución del de la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra), fue un repaso por las distintas sensibilidades con las que la sociedad española ha vivido los crímenes del franquismo desde la Transición.

El proceso de investigación que desarrolló concluyó que "se habían producido violentos crímenes a partir del 36 y muchos estaban sin resolver y no se sabía cómo se habían producido las muertes". Por eso, la asociación de la que forma parte presentó una de las denuncias que se registraron en la Audiencia Nacional. "Queríamos encontrar a los represaliados y repararles de alguna manera, algo que a un triste historiador le es imposible hacer", aseveró.

Rodríguez Gallardo afirma que el 23-F suspendió la Memoria Histórica

La defensa de Garzón, que en esta causa ejerce Gonzalo Martínez-Fresneda, le preguntó si creía que determinar cómo se habían producido las muertes y dónde estaban los desaparecidos se podría hacer "al margen de la autoridad judicial". "Yo creo que es imposible. Sería absolutamente complicado", respondió el testigo, sobre todo por la dificultad que se encuentran los investigadores a la hora de acceder a los archivos.

Por eso, considera imprescindible que un juez indague las "cosas terroríficas" que se vivieron durante el franquismo, que a su juicio se enmarcan en un "plan sistemático para eliminar a responsables y representantes políticos de la Segunda República y a las fuerzas que les apoyaron", dicho con otras palabras, "actos de genocidio".

A diferencia de otros testigos, su condición de historiador permitió a Rodríguez Gallardo detallar cómo se ha tratado a las víctimas del franquismo en los últimos 36 años. Señaló que la primera exhumación de una fosa se realizó en 1977 en La Solana (Ciudad Real) y después se realizó otra en Ferrol, para recuperar los restos de su alcalde republicano.

La sociedad no acudió a la Justicia hasta que se sintió segura, declara

Pero el 23-F supuso un momento de inflexión, porque conllevó la "suspensión" de la Memoria Histórica. "El Gobierno del PSOE decide aparcarla por razones políticas y sociales", explicó. El impulso vivido en los primeros años de la democracia no se recuperó "hasta el siglo XXI con la apertura de algunos archivos".

El abogado del autodenominado sindicato Manos Limpias, José María Ruiz, volvió a insistir en su idea de si las denuncias se presentaron en la Audiencia Nacional de forma coordinada. El testigo dio una larga explicación que comenzó con la apertura de archivos en 1999 y acaba "en un momento histórico en el que la sociedad civil empezaba a sentir cierta seguridad" que le llevó a creer que había llegado el momento de que "la Justicia española pudiese pronunciarse sobre lo ocurrido".