El testimonio de una mujer nigeriana, obligada a prostituirse, ha permitido a la Policía Nacional desmantelar una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual, que utilizaba las palizas, las amenazas de muerte e incluso el vudú para forzar a sus víctimas.

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes han conseguido detener a 18 miembros de esta red en Málaga, Madrid Sevilla y León.

La investigación se inició en Málaga en julio de 2011, a raíz del testimonio de una mujer de nacionalidad nigeriana que denunció ante los agentes que fue captada en Nigeria en el año 2000 por una compatriota suya residente en España.

Esta mujer le ofreció la posibilidad de trasladarse a Europa a estudiar, comprometiéndose a sufragar los gastos de manutención, estudios y trayectos como un favor a su familia.

La organización obtuvo un visado fraudulento y, con esta documentación, inició un largo viaje que le llevó por varios países subsaharianos e Italia antes de llegar a España.

Una vez en España, la "captadora" explicó a la joven nigeriana que para sufragar los gastos ocasionados por el viaje tenía que ejercer la prostitución.

La víctima se negó en principio pero, tras sufrir numerosas palizas y agresiones sexuales por parte de hombres de la propia organización criminal, accedió finalmente a prostituirse.

El importe reclamado por los miembros de la red oscilaba entre los 50.000 y los 55.000 euros.

Además de las agresiones físicas y sexuales, amenazaban a sus víctimas con prácticas de vudú o bien con asesinar o incendiar la vivienda de sus familiares directos en su país.

Para cobrar la deuda retiraban a las víctimas el dinero obtenido de la prostitución, les imponían multas si no pagaban la cuota estipulada en los plazos de tiempo establecidos y les cobraban un alto precio por el alquiler de la habitación en la que residían y por la manutención.

Otros miembros de la organización se dedicaban a la falsificación de documentos y a la celebración de matrimonios de conveniencia para la obtención de la residencia legal en España.

Mediante esta práctica de matrimonios falsos la organización lograba documentar legalmente a sus víctimas en España y que residieran permanentemente en el país como familiares de ciudadanos comunitarios.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo II de la Brigada Central de Redes de Inmigración y de las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Oviedo, Málaga, Madrid, Sevilla y León.