Las noticias que vienen de Bruselas para los funcionarios griegos no son buenas. Según fuentes de la Comisión Europea y del FMI, la troika pedirá al Gobierno griego que despida a unos 100.000 empleados del sector público hasta 2015, en lugar de los 50.000 que se pedía hace dos meses. Estos despidos, que se harán efectivos en combinación con la aceleración de la medida de la prejubilación, afectarán a empleados en ciertas empresas estatales (como la Televisión Pública y el Organismo de Edificios Escolares), así como 65 organizaciones más, y se eliminarán progresivamente hasta finales de 2011. Además, se propone la suspensión de las pensiones paras las personas que tengan menos de 55 años, medida que se aplicará junto a nuevos recortes de pensiones y sueldos.

Es verdad que los funcionarios griegos han sido los primeros en ver sus sueldos amenazados, sus pensiones recortadas y sus puestos de trabajo en peligro. En cualquier caso, no es difícil convencer a los griegos de que ese es el sector que debe asumir más sacrificios. La opinión pública es consciente de que durante las últimas décadas (especialmente desde los años ochenta) el sector público se fue convirtiendo en un carcinoma de la sociedad. La Administración se iba construyendo básicamente sobre un sistema de clientelismo, hasta tal punto que se desconoce la cifra total de empleados públicos.

Antes del verano pasado, fuentes oficiales hablaban de una Administración pública hipertrófica de 1.100.000 funcionarios en total, mientras varios artículos en la prensa estimaban que la cifra era aún más elevada. Los empleados del sector público se registraron oficialmente y por primera vez el verano pasado; no obstante, los resultados que se publicaron el 30 de julio no justificaron aquella sensación: sólo se registraron 768.009 empleados.

En una población activa de 4.267.584 personas (que incluye a unos 756.795 desempleados), esa cantidad supone un porcentaje de 17,9% , por debajo del 30% que registra Suecia, el 29% de Dinamarca y el 21,2% de Francia.