'Ningún dato anterior, ni posterior, conocido por el juez, hacía pensar en la especial importancia o urgencia del ingreso en prisión del condenado por su especial peligrosidad'. El juez Rafael Tirado justifica con este argumento la demora de más de dos años en la ejecución de la condena que él mismo había impuesto a Santiago del Valle -presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés- por haber abusado de su hija.

Pese a que desde el Gobierno y amplios sectores de la sociedad se ha considerado escasa la multa de 1.500 euros impuesta al juez de lo Penal número 1 de Sevilla, éste la ha acabado recurriendo. Antes lo había hecho el fiscal, que reclama para él una suspensión de tres años. Ambos recursos y el informe que ahora redactará la Comisión Disciplinaria que impuso la sanción cuestionada serán estudiados por el Pleno del Poder Judicial en una próxima reunión.

El recurso de Tirado explica que los Juzgados de lo Penal tienen como prioridad en el control de asuntos las causas con preso y las referidas a violencia de género, así como los juicios rápidos. La condena de Del Valle queda, se deduce, fuera de estos grupos.

Además, insiste en que dictó dos resoluciones para proceder a la ejecución de la sentencia de Del Valle en enero de 2006 (unos días después de que la Audiencia de Sevilla la confirmara). Precisamente, la no notificación de estos autos es la clave de la sanción de dos años de suspensión impuesta a la secretaria judicial de su Juzgado.

Tirado recuerda las competencias establecidas a los secretarios en la reforma de la Oficina Judicial -aún no puesta en práctica- y señala que le era imposible materialmente realizar la función de control que el expediente atribuye a los jueces. Por eso, afirma, en su sanción 'late una confusión' entre su responsabilidad y la del Estado por anormal funcionamiento de la Justicia.