La procesión atea que debería circular hoy, Jueves Santo, por el barrio madrileño de Lavapiés infringe "el derecho fundamental de libertad religiosa" amparado en el artículo 16 de la Constitución Española y constituye un "riesgo real y efectivo de afectación del orden público con peligro para personas y bienes". Así lo estima el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ayer respaldó la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir la marcha tras estudiar el recurso presentado por sus convocantes: la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores (Amal), Ateos en Lucha y la Asamblea vecinal La Playa de Lavapiés.

Ellos son las nuevas víctimas de los tentáculos legales agitados por la Conferencia Episcopal Española. Han sido los últimos en ser acusados de un delito que sólo los países confesionales incluyen entre sus normas legales: blasfemar. "Los artículos 512 y 525 del Código Penal fueron creados para proteger las creencias. Pero ahora la justicia los utiliza para todo lo contrario, para perseguir la blasfemia. Esto es comparable a cómo se interpreta la protección de la religión en países como Yemen o Irán", se defiende el denunciado presidente de Amal, Luis Vega, para quien la sentencia demuestra que "el Estado aconfesional no existe". "Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, menos nosotros, los laicos", añade. ".

Los afectados critican que se les haya criminalizado sin motivo

Los también denunciados miembros de La Playa se temían el varapalo del TSJM, aunque les causó "una profunda tristeza comprobar la injerencia entre poderes del Estado y la poca independencia existente entre ellos", afirmaron ayer. Los vecinos lamentan "haber sido criminalizados antes de llevar a cabo ningún delito".

La persecución legal de la Iglesia, que esta asamblea define como una "vergonzosa retirada del Estado de Derecho ante la presión mediática de grupos radicales minoritarios", hace tiempo que ha dejado de ser un hecho aislado.

La blasfemia es un delito que sólo contemplan los países confesionales

Leo Bassi por disfrazarse de papa, las alumnas de la Universidad Complutense por desnudarse en una capilla, Javier Krahe por un documental que cocina un Cristo y ahora una tertulia de radio donde se convocó una procesión atea. La Justicia se ha puesto al servicio de la nueva Inquisición representada por colectivos como HazteOir, Manos Limpias o la Asociación de Abogados Católicos. Estos grupos son los que reclamaron la suspensión de la marcha atea como "medida cautelar" ante "posibles hechos ilícitos".

"Hay una agresión ante una conquista de un espacio ciudadano. Salvando las distancias, sucede algo similar a la violencia de género. Ante una conquista de parcelas por parte de las mujeres, se multiplican las agresiones. Algunos creen que su espacio se defiende a cuchilladas", analiza Vega.

La intención de su colectivo era denunciar que los privilegios a los católicos suponen una "injusticia en un Estado aconfesional", pero el pasado 6 de abril, un miembro de la asociación Ateos en Lucha, que participó en una tertulia sobre la procesión atea en Radio Ela, instó a la población a rendir homenaje a los madrileños que quemaron las Escuelas Pías en la Guerra Civil. "Fue una declaración fuera de tono que nos ha llevado a estar denunciados por algo que no hemos hecho. Este grupo ha sido excluido de nuestras convocatorias", aclara Vega.

En la radicalización de la Iglesia, Vega echa en falta la mediación del Gobierno. Los miembros de La Playa advierten además de que "la falta de tolerancia" de algunos católicos provoca "la judicialización de toda discrepancia".