El TPI emite una orden de arresto contra el presidente de Sudán

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió el miércoles una orden de arresto contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bashir, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur, una decisión que podría provocar más conflictos en la región.

Se trata de la primera acusación y orden de arresto contra un jefe de Estado en el poder que emite la corte con sede en La Haya desde que se formó en 2002. El TPI dijo no tener pruebas suficientes para incluir un cargo de genocidio sobre un conflicto que según Naciones Unidas ha causado la muerte de unas 300.000 personas desde 2003.

El Tribunal acusa a Bashir, de 65 años, de siete cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, asesinato y desplazamiento forzoso, entre otros.

"Sus víctimas son los mismos civiles que se suponía que él, como presidente, debía proteger", dijo a los periodistas el fiscal jefe del TPI, Luis Moreno-Ocampo, añadiendo que el Gobierno sudanés está obligado a ejecutar la orden. "Podría ser en dos meses o en dos años, pero se enfrentará a la justicia".

En la capital sudanesa, cientos de manifestantes se congregaron para protestar contra la orden de arresto. Bashir restó importancia a las acusaciones del primer tribunal permanente del mundo para juzgar crímenes de guerra, como parte de una conspiración occidental.

"Es una decisión defectuosa", afirmó el portavoz presidencial sudanés Mahyub Fadul. "No la reconocemos, ni al tribunal que la emitió, y no nos importa en absoluto".

Además, el subsecretario de Asuntos Exteriores, Mutrif Siddiq, dijo a Reuters que el presidente piensa acudir a Qatar a la cumbre árabe de este mes, a pesar de la orden.

REVOCAN EL PERMISO A ONG

Horas después de que se emitiera la orden, Sudán revocó las licencias de al menos seis organizaciones humanitarias extranjeras, sin ofrecer los motivos de la decisión, según miembros de estas organizaciones.

"Esto va a tener un efecto devastador en cientos de miles de personas", afirmó el portavoz de Oxfam, uno de los grupos afectados, Alun McDonald. "Trabajamos con 600.000 personas en el norte de Sudán, 400.000 de ellas en Darfur. Es de la máxima importancia que el Gobierno acceda a dejarnos continuar ese trabajo".

La tensión ha aumentado en Darfur, una región situada en el oeste del país en la que según la ONU cientos de soldados del Gobierno desfilaron a modo de demostración de fuerza por la capital regional, El Fasher.

El experto en justicia internacional Richard Dicker, de la organización Human Rights Watch, indicó que la incapacidad del TPI para hacer detenciones es su "talón de Aquiles".

China, la Unión Africana y la Liga Árabe han sugerido que una acusación podría desestabilizar la región, agravar el conflicto de Darfur y poner en peligro un complejo acuerdo de paz entre el norte y el sur de Sudán, semiautónomo y potencialmente rico en petróleo.

Según responsables de la ONU, 300.000 personas han sido asesinadas en el conflicto en la región occidental de Darfur desde 2003 y que al menos 100.000 más murieron por hambre y enfermedades. Jartum, por su parte, asegura que los muertos son 10.000.

También se estima que otras 2,7 millones de personas se han visto desplazadas por el conflicto, que comenzó cuando rebeldes no árabes tomaron las armas para enfrentarse al Gobierno.