El polémico incentivo al carbón nacional recogido en un decreto del Ministerio de Industria sorteó ayer otro obstáculo, después de que Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola hayan retirado la petición de suspensión cautelar que habían planteado ante el Tribunal de Luxemburgo para la norma. Sólo la Xunta de Galicia mantiene esa petición, mientras que la Junta castellanoleonesa (también gobernada por el PP) exige que se aplique ya la ayuda para aliviar la crisis que atraviesa la minería del carbón en León y Palencia. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, reclamó ayer al Gobierno gallego que retire su petición que, dijo, 'no lleva a ninguna parte'.

El propio ministro vaticinó la semana pasada la marcha atrás de las eléctricas (que no implica la retirada de sus recursos ante Luxemburgo), después de que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (instancias ante las que también está recurrido el decreto) dieran vía libre a su aplicación, pese a no haber dictaminado aún sobre la legalidad de la norma. Esta priorizará la quema de carbón nacional (que no es rentable) en detrimento del extranjero, y perjudicará, sobre todo, a las centrales eléctricas que queman carbón importado (como las gallegas) y a las de gas. Según Industria, tres puntos de la histórica subida de la luz de enero (9,8%) se deben a su puesta en marcha, que será un balón de oxígeno para los 8.000 empleos del sector minero español.

El ministerio acogió ayer una reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón, que establece ayudas al sector (distintas al polémico incentivo), con disposición a adelantar las subvenciones para aliviar la crítica situación de los pozos.