Los 9.500 trabajadores de la Administración de Justicia no transferida decidirán mañana en referéndum si ponen fin a la huelga indefinida que comenzó hace casi dos meses y aceptan la propuesta del Ministerio que contempla un aumento salarial de 140 euros mensuales para 2008 y que los sindicatos creen insuficiente.

El Ministerio de Justicia y los sindicatos convocantes de la huelga -CC.OO., CSI-CSIF, UGT y STAJ- han firmado esta madrugada, tras doce horas de negociación en la duodécima reunión de la mesa de negociación, un documento para buscar una salida al conflicto que ha supuesto la suspensión de miles de actos judiciales y la práctica paralización de órganos como la Audiencia Nacional.

En concreto en Asturias, según fuentes del sindicato CSIF, el paro ha obligado a suspender siete mil juicios mientras que se han dejado de practicar unas diez mil diligencias y han quedado sin tramitar aproximadamente treinta mil escritos.

La huelga indefinida, que se inició el pasado 4 de febrero, fue convocada para pedir la equiparación salarial de estos funcionarios con los trabajadores de la Administración de Justicia de las Comunidades Autónomas que tienen transferidas las competencias en esta materia, que según los sindicatos cobran una media de 2.400 euros más al año.

El incremento ofertado de 140 euros mensuales estará desglosado, según ha explicado el Ministerio de Justicia, de la siguiente manera: 60 euros pagaderos desde enero y 80 euros más que serán abonados retroactivamente en enero o febrero de 2009.

Además, en abril de 2009 se empezarán a pagar 40 euros más, lo que supone un aumento final de 180 euros mensuales.

Esta subida salarial conlleva una serie de contraprestaciones para la mejora y modernización del funcionamiento de la Oficina Judicial.

Los sindicatos han calificado esta oferta de "insuficiente", aunque han admitido que mejora las anteriores, por lo que han decidido someterla a un referéndum cuyo resultado será vinculante para ellos.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha confiado en el apoyo de los trabajadores a esta propuesta para poner fin a la huelga y ha garantizado que en cinco o seis meses la situación provocada en los órganos judiciales por la huelga estará solucionada.

Para paliar los efectos del paro se establecerán planes de actuación que, según los sindicatos, tendrán carácter voluntario y se desarrollarán dentro del marco legal establecido en el calendario laboral para el ámbito ministerial.

Además, los trabajadores que han participado en la huelga no estarán excluidos de estos planes de recuperación.

Los trabajadores de Justicia de algunas de las siete Comunidades Autónomas afectadas por esta huelga -Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias, más Ceuta y Melilla- han empezado ya a celebrar asambleas para ser informados de la propuesta.

Los sindicatos dispondrán para el referéndum del censo de las gerencias de los diferentes centros de trabajo.

Las votaciones se celebrarán en las distintas sedes judiciales de las Comunidades Autónomas: en las capitales serán previsiblemente en los Palacios de Justicia respectivos y en Madrid en el Tribunal Supremo a partir de las 9:30 horas.