La trama de burdeles salpica al Ayuntamiento de Barcelona

¿Cómo podían el Saratoga y el Riviera, los dos mayores prostíbulos de Barcelona, funcionar sin trabas durante tanto tiempo? ¿Cómo se las ingeniaban para esquivar la ley pese a las sospechas de que, con medio centenar de prostitutas trabajando, algunas de ellas podían ser inmigrantes ilegales o de que podían darse casos de explotación sexual?

El juzgado número 33 de Barcelona está respondiendo a estas cuestiones con un curso acelerado sobre qué estamentos públicos afectan a la actividad de un burdel. Ayer mismo, después de tres semanas de detenciones de empresarios, agentes de Policía y abogados, llegó el turno de los técnicos municipales.

Un inspector del área de licencias del Ayuntamiento de Barcelona fue detenido por haber actuado, supuestamente, en beneficio de los locales de ocio nocturno. También fue arrestado Joaquín Q., un ingeniero que tiene una empresa privada. El inspector utilizaba presuntamente su cargo para forzar a los dueños de ocio u hoteleros a hacer una serie de reformas en sus locales, siempre contratando al citado ingeniero.

A pesar del hermetismo con que la juez lleva el caso, que sigue bajo secreto de sumario, también trascendió la imputación de Maria Teresa G., secretaria técnica de prevención del distrito barcelonés del Eixample, y de dos personas más, una de ellas, el empresario de ocio nocturno Carlos A.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, comentó sobre la detención de estos funcionarios municipales que se trata de un "caso aislado". Además, anunció que, si se confirma su implicación en la trama, el consistorio se personará como acusación particular.

Petición de cárcel

Tras interrogar la juez a los nuevos imputados en este caso, el fiscal solicitó la prisión provisional incondicional para el inspector municipal del área de licencias y prisión bajo fianza de 15.000 euros para el ingeniero imputado.

Los otros tres imputados que declararon ayer, incluida la funcionaria Maria Teresa G., quedaron en libertad con cargos. Así las cosas, el número de imputados es ya de 19: tres abogados, dos funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona, un ingeniero, cinco empresarios dedicados al ocio nocturno y seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), además de dos personas cuya profesión no se ha hecho pública. Cinco están ya en prisión: un ex jefe de la Ucrif del CNP, otro inspector de este cuerpo y tres responsables del Riviera y el Saratoga.

¿Queda resuelta, así, la trama? La respuesta está en el juzgado 33, pero a pocos sorprendería que hubiera nuevas detenciones.