Este artículo se publicó hace 12 años.
La trama corrupta de Sabadell exigía 12.000 euros previos y un 3% en dinero negro
Hay una treintena de imputados, entre ellos el alcalde y una diputada del PSC, en la operación ordenada por un juez que lleva más de dos años investigando recalificaciones
Los miembros de la trama corrupta del Ayuntamiento de Sabadell exigían un depósito previo mínimo de 12.000 euros para acceder con ventaja a las adjudicaciones urbanísticas investigadas, y un 3% sobre la 'mordida' final en dinero negro, según la Fiscalía Anticorrupción.
Las mismas fuentes indicaron que la cuantía previa de 12.000 euros podía variar en función del presupuesto de la construcción a ofertar. Este depósito se destinaba a un fondo perdido que "finalmente se repartía entre los políticos y funcionarios involucrados en los hechos, así como en el pacto implícito y apalabrado de un 3% en dinero negro, una vez acabada la obra, sobre el total del presupuesto final". Los investigadores estudian ahora si ese dinero negro, que terminaba en un despacho de abogados, era colocado en cuentas legales, si se repartía o blanqueaba.
El alcalde de Sabadell (Barcelona), Manuel Bustos, del PSC, y la diputada electa del mismo partido en el Parlament Montserrat Capdevila han sido imputados por el juez que dirige la operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas, han informado fuentes cercanas al caso.
Bustos, además de alcalde de Sabadell, es presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) y miembro de la comisión ejecutiva del PSC.
La investigación arranca de una denuncia de ICV presentada en 2010La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y la Fiscalía Anticorrupción bajo el nombre de Operación Mercurio arranca de una denuncia que presentó ICV ante los Mossos d'Esquadra en 2010 por el robo de dos ordenadores con información del partido y de presuntas corruptelas en el Ayuntamiento, que finalmente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía.
Según han explicado fuentes del partido, tuvieron conocimiento de casos de presunta corrupción urbanística en el consistorio --a través de un confidente-- y poco después les robaron los ordenadores donde guardaban dicha documentación, algo que pusieron en conocimiento de la policía catalana cuando se interpuso la denuncia de robo, el 25 de enero de 2010.
Los Mossos recomendaron entonces que la información se remitiera a la Fiscalía Anticorrupción, la cual empezó a investigar el caso, que ha desembocado en el macrooperativo policial durante el que se ha registrado el consistorio y otras dependencias municipales como las de Urbanismo de Sabadell, se ha detenido a 12 personas y se ha imputado a otras 26, incluidos el alcalde, Manuel Bustos, y el secretario de organización del PSC, Daniel Fernández.
La denuncia de 2010 --a la que ha tenido acceso Europa Press-- presentada por la vicepresidenta, portavoz y concejal de ICV, Carme Garcia, afirmaba que los ladrones habían entrado con llaves y habían abierto la caja fuerte --escondida en un armario-- sin causarle daños.
Aseguraba que "los autores han accedido para sustraer información del partido sobre intereses públicos para la ciudadanía y lo han hecho con llaves", e informaba a la policía de que podía haber dos exmiembros del partido con copia de llaves de la sede, en la calle Picañol.
Recogía además que estas dos personas fueron expulsadas del partido en 2007 por "deslealtad al facilitar información de ICV al Gobierno municipal del partido PSC de Sabadell", y que de hecho estas personas una vez expulsadas pasaron a formar parte de los socialistas.
Otras fuentes apuntan a que en el origen de la investigación figura también una denuncia por cohecho que un particular presentó en el año 2010 contra un exconcejal del PP de Sabadell (Barcelona). Según han informado fuentes cercanas al caso, el juzgado de instrucción número 1 de Sabadell inició hace dos años la investigación sobre la trama de corrupción a raíz de una denuncia que apuntaba a indicios de cohecho del ex concejal del PP Jordi Soriano, supuestamente implicado en la trama corrupta.
Para comprobar esos indicios, el juez instructor ordenó las intervenciones telefónicas que han permitido seguir el rastro de la supuesta red corrupta, que se han prolongado durante año y medio. Fuentes cercanas al caso han explicado que las conversaciones telefónicas han dado a los investigadores indicios sólidos para desplegar la operación que, por el momento, ha comportado la detención de doce personas y la imputación de otras 26, entre ellos empresarios y cargos del PSC, como su secretario de organización, Daniel Fernández, o el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos.
Paralelamente a la denuncia presentada por ese particular, al que está previsto que el juez cite a declarar en los próximos días como testigo, el grupo municipal de ICV-EUiA en el Ayuntamiento de Sabadell estaba recopilando información sobre una presunta trama de corrupción urbanística en el consistorio.
Por otra parte, Entesa per Sabadell ha reclamado este martes en un comunicado el nombramiento "inmediato" de un alcalde accidental en lugar de Bustos, porque son "unos hechos muy graves que justifican plenamente que los imputados sean separados temporalmente de sus cargos".
Por su parte, Bustos ha afirmado que está imputado por delitos contra la administración pública en el marco de una operación anticorrupción, que está bajo secreto de sumario, por la que se registran dependencias del Ayuntamiento, pero defiende su inocencia y señala que "una persona que es inocente" no debe dimitir. "Es una rumorología, pero parece ser que esto arranca hace unos años de un partido político que presenta una denuncia", ha dicho sin querer citar a la formación, y ha reiterado que ese es el rumor sobre el caso, que está llevando el juzgado 1 de Sabadell y sobre el que hay secreto de sumario.
Los grupos de ICV, EUiA y Entesa per Sabadell han pedido explicaciones al Gobierno municipal por la operación anticorrupción.
Los Mossos d'Esquadra han realizado registros desde primera hora de la mañana las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell, en una operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas. En la operación, que ha sido ordenada por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell e impulsada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, participan agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra, que están registrando el edificio consistorial, la sede de la concejalía de Urbanismo y la de la compañía municipal de aguas Grupo CASSA.
El registro, que se produce tan sólo dos días después de las elecciones catalanas, ha sido ordenado por el juez de instrucción de Sabadell, que lleva más de dos años investigando varios procesos de recalificación urbanística llevados a cabo en Sabadell, según las mismas fuentes. En la operación se han detenido un total de 12 personas y otras 26 han sido imputadas (entre ellas, el alcalde de Sabadell).
Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, se ha producido la entrada y registro del Ayuntamiento de Sabadell, 41 entradas y registros en empresas y sociedades, así como en 15 domicilios particulares. Las diligencias previas investigan una "trama político-empresarial dentro del Ayuntamiento" en la que habrían intervenido, junto a diversos empresarios, miembros integrantes del PSC y uno perteneciente al PP --actualmente destituido de su partido-- del mismo ayuntamiento.
Paralelamente, los Mossos d'Esquadra también han irrumpido está mañana en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona), localidad cercana a Sabadell, de donde se han llevado un expediente administrativo no relacionado con temas urbanísticos. Fuentes cercanas a la investigación han señalado que los agentes se han presentado esta mañana ante la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, a quien han reclamado un expediente administrativo.
Una vez se les ha entregado este documento, que no estaría relacionado con temas urbanísticos, los mossos han abandonado el consistorio, han precisado las mismas fuentes.
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