El mismo Gobierno que el lunes hacía pública una disposición donde se autorizaba a un órgano administrativo a cerrar páginas web, aseguraba ayer, tres días más tarde, que no se prescindirá de la tutela judicial para hacerlo. El debate está ahora en el mismo punto en el que empezó, dentro del Gobierno, que se ha convertido en el protagonista de la movilización masiva más heterogénea de la historia de Internet en España.

Donde unos veían 'censura en la Red', el Ministerio veía 'garantías'

Las primeras voces críticas llegaron el martes desde el ámbito jurídico. Los abogados que no comprendían cómo el Gobierno pretendía 'quitarse de en medio a los jueces' cuando, hasta el momento, las cuatro entencias contra las páginas de enlaces P2P habían sido absolutorias. Pero Ángeles González-Sinde se mantenía firme, y en el anteproyecto en el que los internautas veían 'la puerta a la censura en la Red', ella señalaba 'un procedimiento con todas las garantías'.

El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, gestado en un foro esa misma noche, reproducido en 150.000 páginas web y con más de 60.000 miembros en Facebook, no contribuyó precisamente a calmar los ánimos. Ante el chaparrón, Cultura convocó el miércoles por la noche a algunos destacados expertos de la Red a asistir a una reunión el jueves a primera hora en el Ministerio.

El objetivo de la convocatoria era explicar y debatir los detalles del anteproyecto y los matices del mismo. Pero si antes de entrar en la reunión el escepticismo era el estado de ánimo generalizado entre los expertos, al salir, era la desilusión. La ministra de Cultura había abandonado el debate a le media hora de comenzar para inaugurar un museo, y el mensaje era claro: el anteproyecto no se iba a cambiar, y la única discusión posible era el reglamento que desarrollaría la futura ley.

El Manifiesto en defensa de Internet contribuyó a la movilización masiva

Varios de los expertos, que acudieron a título personal, se quejaban de que el Ministerio 'ya tenía su foto'. El PP también quería la suya, y tardó unos minutos en convocar una reunión inmediata con esos mismos expertos que no se llevó a término. Lo que era, en origen, un debate sobre derechos fundamentales y modelos viables para el cine o la música se había convertido en un arma política en la que los asistentes no quisieron contribuir.

Políticos de diversos frentes, expertos e internautas han coincidido en estos días de desdichos y desdichas en que la situación se podría haber evitado si Cultura hubiera empleado otras formas e invitado a los internautas a colaborar en la medida. Ayer por la noche, en la penúltima muestra del malestar en la Red, el Manifiesto podía leerse en la web de Promusicae, que había sido hackeada. Su presidente, Antonio Guisasola, está a favor de la desconexión de los usuarios. .