Un tribunal federal de apelación de EE.UU. bloqueó temporalmente la orden del juez de distrito Ricardo Urbina de poner en libertad en territorio estadounidense a 17 musulmanes de la minoría china uigur detenidos en Guantánamo.

La decisión del tribunal responde a una moción urgente interpuesta por la administración del presidente George W. Bush en la que pidió la suspensión inmediata del cumplimiento de la orden del magistrado Urbina para poder preparar una apelación.

El Departamento de Justicia ha tenido que actuar con rapidez dado que, según la orden del juez de distrito, el grupo de uigures debía ser puesto en libertad en EE.UU. este viernes.

El martes, Urbina ordenó en una decisión sin precedentes la liberación en territorio estadounidense de los 17 presos de la etnia uigur.

El magistrado determinó que no había pruebas de que ese grupo estuviera formado por "combatientes enemigos" o que supusiera un riesgo para Estados Unidos.

El grupo de musulmanes chinos, que lleva siete años detenido en Guantánamo, esperaba desde 2004 su puesta en libertad.

El Pentágono había declarado que los 17 uigures ya no eran "combatientes enemigos", pero les mantenía retenidos porque no había encontrado un tercer país que se ofreciera a acogerlos.

El magistrado señaló en su argumentación que la Constitución estadounidense prohíbe detenciones indefinidas sin causa ni cargos.

El Gobierno chino pidió a EE.UU. el traspaso de la custodia de los chinos musulmanes, pero la administración de Bush y organizaciones de derechos humanos temen que el grupo de detenidos pueda ser torturado si es devuelto a su país de origen.

Después de conocer la decisión del juez Urbina, la Casa Blanca expresó su "profunda preocupación y desacuerdo" con la orden.

La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que la decisión del tribunal "es contraria" a las leyes estadounidenses, "incluidos los reglamentos federales de inmigración aprobados por el Congreso".

El Gobierno opina que el dictamen podría usarse como precedente para otros detenidos en Guantánamo, incluidos enemigos jurados de EE.UU., sospechosos de planear los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Ante la inmediata puesta en libertad de los 17 uigures, el Departamento de Justicia registró con urgencia una moción para pedir que se suspenda el proceso y ganar así tiempo para recurrir la sentencia del juez de distrito.

En su moción, el Gobierno afirma que continúan las negociaciones diplomáticas para encontrar un país adecuado para los uigures.

Los abogados de los presos afectados rechazan la decisión del tribunal de apelación, con el argumento de que la suspensión prolonga el periodo de detención de los uigures por "meses o años".