Este artículo se publicó hace 17 años.
El Tribunal Constitucional tendrá a partir de mañana a un tercio de sus magistrados en funciones
Cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional estarán en funciones a partir de mañana, al cumplirse sus mandatos sin que haya perspectivas de un próxima renovación de este órgano.
Se trata de la presidenta, María Emilia Casas; del vicepresidente, Guillermo Jiménez; y de Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, todos ellos designados por el Senado, si bien los tres primeros lo fueron en diciembre de 1998 y el último en diciembre de 2002 en sustitución de Fernando Garrido Falla, que renunció por motivos de salud.
Menos Casas, adscrita al llamado "sector progresista" del Constitucional, los otros tres magistrados son miembros del considerado "sector conservador", por lo que la renovación del Tribunal, al menos en teoría, debería romper el actual equilibrio de fuerzas entre ambas corrientes en favor de la primera, dado el actual reparto de fuerzas en la Cámara Alta.
Sin embargo, el Senado, al que corresponde designar a los nuevos magistrados, ya ha anunciado que no lo hará hasta la próxima legislatura, lo que retrasará la renovación del Alto Tribunal hasta al menos el próximo mes de abril.
Y es que la reformada Ley Orgánica del Constitucional (LOTC), que entró en vigor el pasado 26 de mayo, preveía por primera vez la participación de las Comunidades Autónomas en la elección de los magistrados que deben ser nombrados por el Senado, ya que las faculta para proponer candidatos.
La Cámara Alta reformó a toda prisa su reglamento para adaptarse a la LOTC y pidió a los Parlamentos autonómicos que presentaran candidatos para designar magistrados antes de mañana, pero varias asambleas regionales pidieron una ampliación del plazo porque tenían también que modificar sus normas internas o porque, como en el caso andaluz, iban a disolverse ante la proximidad de las elecciones.
En vista de esta situación, el Senado suspendió el pasado día 4 el plazo dado a las Comunidades Autónomas, lo que significa que no elegirá a los magistrados del Constitucional que le corresponden hasta la próxima legislatura y, más concretamente, a partir de la nueva composición de las Cortes.
El Alto Tribunal, que esta semana ha resuelto los recursos presentados contra el nuevo Estatuto valenciano, avalando su constitucionalidad, tiene aún sobre la mesa asuntos de gran importancia.
Entre ellos están los recursos interpuestos contra otros tres Estatutos -los de Cataluña, Andalucía y Aragón-, pero también las impugnaciones del Partido Popular a la mayoría de las grandes leyes aprobadas por el Gobierno socialista durante esta legislatura, como la de Igualdad o la que regula los matrimonios homosexuales.
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