Un tribunal en entredicho

Que Francisco Camps se siente en el banquillo depende de tres hombres: los tres magistrados conservadores de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV). Ellos deben decidir sobre los recursos anunciados por el presidente valenciano y sus tres compañeros de militancia e instrucción judicial contra el auto del juez José Flors que ratifica la existencia de serios indicios de soborno en la aceptación de trajes pagados por la trama corrupta que dirige Francisco Correa. Los tres jueces mantienen en vilo a la oposición valenciana, temerosa –en público o en privado–de que, no tanto la adscripción conservadora de los magistrados, sino su trayectoria biográfica, haga tambalearse el principio de independencia.

Quien encabeza la tríada es Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal y juez para cuya relación con Francisco Camps resulta insuficiente la palabra amistad, según lo dicho por el propio Camps en septiembre de 2008. Pese a todo, distintos juristas consultados creen que el auto de Flors posee cimientos tan sólidos que difícilmente De la Rúa podría archivar el caso. Algunas fuentes apuntan a que el magistrado pretende mudarse a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y que, bajo esa premisa, evitará cualquier paso que pudiera comprometer su ascenso.

Archivo meteórico

Pero, aun siendo el más conspicuo y el que mayor revuelo mediático levanta, el presidente del TSJV no aparece como el único cuya independencia genera dudas. El segundo miembro del trío judicial que decidirá si la causa sigue adelante o se archiva es Juan Montero Aroca, en cuyo currículum destaca un hito reciente: en febrero archivó, en una semana y sin practicar una sola diligencia, el caso contra el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, por su presunta participación en el también presunto saqueo de seis millones de euros en Mercalicante.

El sumario siguió adelante, pero sin Alperi, gracias al juez Montero

Integrado por más de 10.000 folios, el sumario siguió adelante, pero sin Alperi, gracias a la meteórica intervención del juez Montero, miembro, como De la Rúa, de la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Alperi, que permanecía imputado desde 2005, dimitió como alcalde en septiembre de 2008, un año después de lograr el acta de diputado autonómico por el PP que le garantizaba el rango de aforado y, por tanto, que su imputación se viera en el Tribunal Superior. Ayer, la juez alicantina que instruye el caso sobreseyó también las diligencias respecto a los otros cuatro directivos de Mercalicante imputados, informa Efe.

El tercer componente de la tríada judicial es José Francisco Ceres, afiliado también a la APM y cuyo nombramiento como magistrado del TSJV fue anulado por el Supremo en julio de 2008 y reconfirmado por el Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2009. La anulación se produjo por un defecto de forma: el Consejo no había justificado de modo suficiente el porqué de su elección. En febrero, se subsanó el error.

El mandato ya ha expirado

Los cinco años de mandato de Juan Luis de la Rúa como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) concluyeron el pasado día 6, pero la ley lo prorroga en el cargo automáticamente hasta que se nombre a su sustituto. Su reemplazo está en manos del Consejo General del Poder Judicial, cuya Comisión Permanente debe todavía sacar la plaza concurso. Aunque quedan tres reuniones de este órgano en julio, previsiblemente no convocará la presidencia del TSJCV hasta septiembre, según fuentes del órgano de Gobierno de los jueces.

Los magistrados dispondrán de entre 10 y 20 días para solicitar el puesto. Tras estudiar los currículos y entrevistarse con los candidatos, la Comisión de Calificación elaborará una terna que elevará al Pleno, donde el pasado mes de marzo se atascó el último nombramiento de estas características que se ha estudiado: el de presidente del TSJ del País Vasco, cargo que sigue ocupando en funciones Fernando Ruiz Piñeiro. Estos puestos requieren mayoría de tres quintos, por lo que deben ser consensuados entre los vocales conservadores y progresistas, lo que complica la elección de un candidato, informa Ángeles Vázquez.