El Tribunal de Justicia de la UE tardará alrededor de un mes en pronunciarse sobre si suspende cautelarmente la decisión de la Comisión Europea (CE) de autorizar el real decreto español que prima el consumo de carbón nacional en las centrales del país, dijeron hoy fuentes jurídicas.

Las principales eléctricas españolas -Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa- han presentado una demanda contra la CE ante la corte europea, con sede en Luxemburgo, al considerar que su decisión del pasado 29 de septiembre, por la que autorizó las medidas del real decreto, no está en línea con las normas comunitarias.

Una de sus peticiones al máximo órgano jurídico de la UE es que suspenda cautelarmente la medida, al estimar que su aplicación puede suponer perjuicios o daños económicos.

No obstante, la decisión en la que el Colegio de comisarios respaldó el real decreto aún no ha sido publicada en el Diario Oficial de la UE, requisito imprescindible para que pueda aplicarse.

Fuentes del Ejecutivo de la UE explicaron hoy que la publicación aún "puede llevar semanas", ya que los expertos de la Comisión todavía esperan recibir del Gobierno español algunos elementos últimos de información, después de lo cual Bruselas decidirá qué aspecto de la decisión puede hacer públicos.

Respecto al pleito planteado por las eléctricas, las fuentes de la CE añadieron que la Comisión "argumentará" y "defenderá" ante la corte la legalidad de su autorización, al considerar que es correcta y no vulnera la normativa de la UE.

El otro asunto sobre el que tendrá que pronunciarse el tribunal es la "urgencia" del caso.

Así, en unos quince días, podría determinar si tramitará el asunto por el procedimiento acelerado, como ha solicitado la parte demandante, o por la vía habitual, según confirmaron a Efe fuentes del Tribunal.

Si decide que el asunto reúne los elementos necesarios para ser procesado de urgencia, la parte demandada, la Comisión, dispondrá de un mes y no de dos para preparar su "memoria de defensa".

En ese caso, además, la vista podría tener lugar en enero, en tanto que por el procedimiento normal podría no celebrarse hasta el verano, precisaron las fuentes jurídicas.

Señalaron que el tribunal tardará más en pronunciarse sobre la posible suspensión cautelar que sobre la forma del procedimiento, al tener que examinar para ello el "fondo" de la demanda.

Las tres eléctricas consideran que Bruselas no ha seguido el procedimiento adecuado para conceder la autorización al real decreto y que no ha recabado las opiniones de todas las partes implicadas.

Aseguran que la medida contemplada en el real decreto vulnera el mercado interior y perjudica a las centrales eléctricas que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas natural), que serían expulsadas del mercado en caso de aplicarse la norma.

La denuncia ante la Corte de Luxemburgo se suma a los recursos presentados el 7 de octubre por las tres compañías ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la norma aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de octubre.