Trillo dice que Zapatero y Rajoy pactaron llevar sólo dos nombres al Senado para el Constitucional

El portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, afirma en una entrevista con Efe que el pacto suscrito por José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy para renovar el Tribunal Constitucional incluía el compromiso de que cada partido propondría sólo dos candidatos en el Senado y que no habría vetos.

Trillo mantiene que su partido ha cumplido el acuerdo al presentar como candidatos a magistrados únicamente a Francisco José Hernando y Enrique López y que ha sido el PSOE el que lo ha "incumplido doblemente" al ampliar la lista de aspirantes y, al mismo tiempo, vetar a los propuestos por el PP.

- Pregunta: La renovación del Constitucional sigue pendiente pese a haber sido pactada en julio por Zapatero y Rajoy. ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo?

- Respuesta: Que no habría vetos recíprocos a los candidatos y que el PP y el PSOE en el Senado propondrían a las dos personas que cada uno considerara idóneas a través de las distintas mayorías en los Parlamentos autonómicos. El PSOE lo aceptó porque veía que era un inconveniente grave abrir la elección a diecisiete Parlamentos y comprometer a muchas personas cuando al final sólo van a salir dos.

Nosotros hemos cumplido. El PSOE no, porque ha metido a catorce personas en danza y, por tanto, ha incumplido doblemente el pacto. El PSOE, como siempre, quiere proponer a sus candidatos y tener derecho de veto sobre los de la oposición. Ahora la negociación está bloqueada.

- P: ¿Y ese bloqueo tiene algo que ver con que el Constitucional deba aún pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña?

- R: Tiene que ver que, de momento, esa sentencia está paralizada y que, si no hay renovación, se resolverá por el mismo tribunal que comenzó a estudiarla hace ya 27 meses. Pero la paralización tiene una principalísima responsable, que es la presidenta del TC, María Emilia Casas, que está faltando a su responsabilidad legal de impulsar el desarrollo de los acuerdos del pleno y el orden del día.

A esa responsabilidad legal hay que añadir la personal, ya que Casas se comprometió con nosotros a aceptar la tramitación preferente de la sentencia dada su trascendencia.

- P: ¿Qué opinión le merecen las protestas de los jueces por la falta de medios?

- R: La situación en la Justicia sigue siendo de una enorme tensión derivada del atasco y de la falta de diálogo acumulados. Hemos pedido al ministro (Mariano Fernández) Bermejo que hable con las asociaciones de jueces y con los sindicatos, pero si no hay voluntad de mayores dotaciones presupuestarias y de mayor capacidad de entendimiento, no garantizo nada en el futuro.

- P: ¿Es posible destinar más dinero a la Justicia en tiempos de crisis?

- R: El Estado sólo destina el 0,5 por ciento de su gasto total a la Justicia, de manera que un incremento de otro 0,5 por ciento supondría un importante salto de calidad cualitativo en la Justicia y tendría una mínima significación en los gastos en época de crisis.

- P: ¿El que las protestas hayan subido de tono tras el "caso Mari Luz" revela corporativismo por parte de los jueces?

- R: El problema es anterior al "caso Mari Luz" y no debe confundirse un mal endémico de falta de dotaciones adecuadas con un caso de anormal funcionamiento de la Justicia en el que deben depurarse las responsabilidades.

- P: ¿Debe aumentarse la sanción al juez Rafael Tirado?

- R: Debe indemnizarse a la familia de Mari Luz, aunque no lo haya solicitado, porque es la Justicia la que ha funcionado mal. Sobre cuál debe ser la sanción a Tirado no me voy a pronunciar, debe ser el Poder Judicial el que resuelva.

- P: El PP ha criticado la investigación del juez Baltasar Garzón sobre el franquismo ¿Qué respuesta debe darse a quienes pretenden recuperar los restos de sus familiares asesinados?

- R: La que se está dando, que se dirijan a los tribunales, lo cual no implica que Garzón tenga una competencia universal sobre la historia de España, saltando por encima de las leyes de indulto o amnistía, de la prescripción, de la irretroactividad de las leyes penales y, además, del sentido común.