El Tribunal Supremo (TS) ha elevado de diez años y medio de cárcel a doce años la condena impuesta el año pasado por la Audiencia Provincial de Madrid al director de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), Francisco García Moreno, por estafar a cerca de dos mil personas en Madrid.

Así lo ha acordado el Alto Tribunal en una sentencia, en la que estima el recurso de la Fiscalía y acuerda aumentar también de ocho años y medio de cárcel a diez años la condena a los dos hijos de García Moreno que ejercían como administradores, Francisco Javier y Miguel Ángel, y a otro administrador de la empresa, Miguel Angel Morillo, a quienes se les impone una multa de cerca de 13.000 euros.

El Supremo justifica el incremento de las penas en la "especial gravedad" del delito y confirma el resto de la sentencia de la Audiencia madrileña, que estableció indemnizaciones que alcanzan los 73 millones de euros para los afectados por la estafa inmobiliaria, que nunca consiguieron las viviendas por las que había pagado.

El TS hace hincapié en que este hecho tuvo una "notoria gravedad" y los perjudicados fueron una generalidad de personas.

"Se está en presencia de un fraude colectivo en materia de un bien de tan primera necesidad como es la compra de una vivienda", concluye.

También señala que los condenados "no dudaron en poner sus conocimientos al servicio de la operación defraudatoria que ideada y diseñada por Francisco García contó con la insustituible colaboración de sus dos hijos y de Morillo".

Francisco García Moreno es condenado al pago de una multa de 26.000 euros y los cuatro lo son por un delito continuado de estafa agravada por recaer sobre viviendas y revestir especial gravedad en la modalidad de delito masa.

En total, casi 2.000 personas resultaron estafadas por la CPV desde que la sociedad se constituyó en diciembre de 1997 hasta que se realizaron las primeras denuncias en el año 2000.

La Audiencia de Madrid consideró probado que los cuatro fueron autores materiales de la estafa cometida por CPV, que promocionaba pisos que nunca llegaron a construirse en los barrios madrileños de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo.

Según explica la sentencia, los ingresos obtenidos por CPV de las ventas de los pisos efectuadas ascendieron a 35.798.231 euros y el quebranto económico causado a los perjudicados en total fue de 25.175.128 euros.

Para otros dos acusados, Alfredo Vázquez y Adelina Erles, la Audiencia madrileña les impuso una condena de dos años y medio y tres años de cárcel, respectivamente, lo que ahora confirma el Supremo.