El TSJV ve indicios de delito en las finanzas del PP

Seis meses después de haber despreciado el informe policial que destapaba la presunta financiación ilegal del PP valenciano en combinación con la trama Gürtel, el Tribunal Superior de esa comunidad (TSJCV) ha dado un giro de 180 grados a sus propias tesis. En un auto difundido ayer, el TSJCV afirma rotundo que el citado informe de la Brigada de Blanqueo, al que define ahora como "cualificado" y cuyo contenido ignoró en agosto antes de dar carpetazo al caso de los trajes, contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".

Dictado por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV con Juan Luis De la Rúa como presidente, el auto atiende la petición de la fiscalía y se declara incompetente para investigar la querella que, sustentada en el informe policial, interpuso el PSOE en noviembre. La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como contra otros cinco altos cargos del PP que también gozan de aforamiento por su condición de diputados autonómicos. Igualmente, figuran como querellados cinco notables empresarios que, presuntamente, financiaron al PP pagando facturas falsas de Orange Market. Y cinco miembros de la trama, con Francisco Correa en cabeza.

El tribunal se declara, en efecto, incompetente para admitir la querella, pero no porque exculpe de antemano a los aforados contra quienes el PSOE se querelló. Lo que argumenta es que lo hace para evitar "duplicidades" y la "fragmentación procesal propiciada por la existencia de distintos aforamientos". Esa fragmentación, dice el texto conocido ayer, podría ser "perjudicial" para averiguar la verdad.

Al hablar de "duplicidad", el tribunal valenciano apela directa y expresamente a las investigaciones de Antonio Pedreira, el juez del Tribunal Superior de Madrid que investiga la parte principal del sumario. Pedreira puede investigar sobre los manejos de la trama corrupta en Valencia. Puede hacerlo, pero sin rozar siquiera a ningún aforado valenciano, y así lo avisa de manera expresa el TSJCV. Si el juez Pedreira, dice el auto, apreciara "una mayor concreción de las sospechas indiciarias existentes contra los aforados al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, procederá a su remisión de los oportunos testimonios a esta Sala (...) o, en su caso, planteará su remisión al Tribunal Supremo, si estima inescindibles los mismos al tratarse de aforados a distintos tribunales".

Ahora, recuerda el tribunal, está "unicamente en cuestión" un problema de "límites". Es decir, de quién debe investigar los hechos. Lo dice el tribunal valenciano tras convenir en que los hechos relatados por la Brigada de Blanqueo deben ser investigados. "Nos encontramos ante un problema de límites para definir el momento en que un tribunal que conoce de una compleja instrucción (...) debe decidir cuándo debe poner en conocimiento del tribunal competente los hechos que pudieran resultar imputables ya directamente a un aforado ajeno a su competencia".

En su auto, el TSJCV recalca que ignora qué pesquisas está desarrollando Pedreira, dado que el juez se negó a informarle sobre ese extremo. Pedreira alegó que sus investigaciones continúan bajo secreto, lo que alentó la idea de que, en efecto, ha llegado a la rama valenciana de la red. Su entorno no cesa de repetir que el juez madrileño ni siquiera se ha acercado a los hechos nucleares del informe policial.

Al oponerse a la admisión de la querella del PSOE, la fiscalía adujo que el TSJ de Madrid ya investigaba "los hechos que describe el informe". Ese fue su argumento oficial. Pero había otro: el ministerio público buscaba librarse de De la Rúa, a quien Camps definió como alguien con quien mantenía una relación para la que la palabra amistad resulta insuficiente.

Mientras que las alusiones a Camps se ciñen al momento en que se reproduce contra quién formula el PSOE su querella, el auto del tribunal valenciano se extiende en relación a Luis Bárcenas. En el apartado sobre la posible financiación ilegal del PP, el tribunal repasa la legislación vigente para enfatizar que el "administrador electoral" del PP en las elecciones europeas de 2004 y en las autonómicas de 2007 era Luis Bárcenas.