La UE constata el fracaso de las políticas represoras contra la droga

La estrategia internacional contra las drogas entre 1998 y 2007 no ha conseguido que haya menos consumidores, ni menos violencia, ni más dificultad de acceso a los estupefacientes, según un informe de la Comisión Europea (CE).

Las políticas de "mano dura" bendecidas por Naciones Unidas, que justo esta semana diseña en Viena su estrategia antidrogas para la próxima década, no han servido para reducir el problema, en opinión de la CE.

El informe, presentado hoy en la capital austríaca, cuestiona la efectividad de esa tácticas al indicar que ni han dificultado ni han encarecido el acceso a las drogas, al tiempo que detecta un cambio en las políticas de muchos países tendentes a aumentar el apoyo a los consumidores y aplicar estrategias de "reducción del daño".

El informe, que analiza datos de 18 países, entre ellos Colombia, México y Brasil, indica que, de hecho, el problema de las drogas "de alguna forma ha crecido para peor durante ese tiempo".

Según el informe comunitario, entre 1998 y 2007, "se amplió el número global de consumidores de cocaína y heroína", al tiempo que en el último lustro el precio de la cocaína se han abaratado un 24 por ciento y el de la heroína un 13 por ciento.

No hay indicios de que las drogas sean más difíciles de obtener", concluye el análisis.

Además, el dossier se refiere a las "consecuencias imprevistas", mayormente negativas, de las políticas de control de drogas.

Entre ellas, se citan desde la propagación de enfermedades como el sida por las restricciones en el uso de jeringuillas, que obliga a los consumidores a compartirlas, a los problemas para hallar empleo que tienen quienes han sido procesados por consumir cannabis.

Pero otros efectos secundarios de las estrategias represoras son los estallidos de violencia, como los que sufren México y Colombia debido a los intentos gubernamentales de acabar con el tráfico y el cultivo de droga.

En ese sentido, el informe destaca que las drogas prohibidas generan grandes ingresos ilegales que alimentan la corrupción y la violencia.

Otro factor que el informe destaca es la desigual redistribución de los beneficios que genera el narcotráfico. Así, el coste del cultivo y proceso de la cocaína y la heroína en los países de origen representa apenas un 1 ó 2 por ciento del precio que la droga alcanza en los mercados de consumo.

Los 650 dólares que cuesta un kilo de hoja de coca en Colombia se multiplican hasta los 120.000 dólares cuando llega a las calles de Chicago (EEUU).

Por eso, el informe insiste en que la abrumadora mayoría de quienes están involucrados en el negocio de la droga obtienen ganancias muy modestas frente a unos pocos grandes traficantes que amasan grandes fortunas.

Sin embargo, pequeños traficantes y consumidores suponen la mayoría de los encarcelados por delitos relacionados con las drogas.

Además, la CE cuestiona la eficacia del sistema de Naciones Unidas y sus organismos competentes en cuestión de drogas.

La falta de recursos, medios y competencias para aplicar sanciones a los países que no cumplen los mandatos de la ONU son las principales causas de esa ineficacia, según el informe.

Aunque la CE no niega que estos organismos ejerzan cierta influencia, sí destaca su marginalidad ante las políticas nacionales.

Unas estrategias en las que las tácticas de "reducción de daños", cuestionadas por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, se abren paso, según el informe.

Incluso en Estados que tradicionalmente han aplicado políticas de mano dura, como China e Irán, las terapias con metadona para heroinómanos forman parte del tratamiento de las adicciones.

En Europa, un país como Suecia, presentado como modelo de éxito de la estrategia represora, ha adoptado programas de reducción del daños, orientadas más al tratamiento y la reinserción que a la persecución del drogadicto.

En esa línea, la CE critica la falta de inversión en campañas de prevención. Países como Holanda o Suecia destinan a estos programas sólo un 2 y un 1 por ciento, respectivamente, de los gastos de lucha contra la droga.