La crisis migratoria creada con la llegada de más de 20.000 inmigrantes a Italia tras las revueltas populares en Túnez y la situación de los refugiados procedentes de Libia serán los puntos principales de la reunión que los ministros europeos de Interior celebrarán hoy en Luxemburgo.

Buscar soluciones al problema de la inmigración irregular es un asunto prioritario, dadas las tensiones entre París y Roma por el paso a suelo galo de tunecinos procedentes de Italia.

Aunque el enfrentamiento se suavizó tras la reunión el pasado viernes de los titulares de Interior de ambos países, que acordaron patrullar conjuntamente las costas de Túnez para bloquear a los "sin papeles", la situación está lejos de haber sido resuelta.

La concesión por parte del gobierno italiano de permisos de residencia temporal a los inmigrantes tunecinos ha abierto el debate sobre la interpretación del Tratado de Schengen, al que Roma y París dan lecturas diferentes, según sus intereses particulares.

Para buscar soluciones al problema de la inmigración irregular y al de las personas desplazadas desde Irak por razones humanitarias, el Consejo de ministros de Interior debatirá las propuestas planteadas por la comisaria europea del ramo, Cecilia Malmstrom, en una carta remitida hace unos días a los estados miembros.

Entre las posibles acciones que la Comisión Europea (CE) propone a corto plazo figura la de reforzar la operación "Hermes" de la agencia de control de fronteras (Frontex) en la isla italiana de Lampedusa, con el envío de medios técnicos adicionales y la puesta a disposición de herramientas más efectivas.

Tanto Italia, como Francia y la CE coinciden en que habría que repatriar a los tunecinos llegados a suelo europeo, pero la situación en Túnez, que desde las revueltas carece de un gobierno capaz de garantizar el control de las fronteras y la admisión de sus nacionales, complica ese objetivo.

Para España, la solución a esta cuestión debe incluir, además de medios de control, ayuda a las autoridades tunecinas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el funcionamiento de las instituciones, explicaron fuentes diplomáticas.

Otro punto candente, que será tratado durante el almuerzo de los ministros, será la petición a la Unión Europea (UE) por parte de Malta, apoyada por Italia y Grecia, de activar un mecanismo que permitiría la acogida temporal en los distintos estados miembros de las personas desplazadas desde Libia.

La petición se refiere a un mecanismo previsto en una directiva de 2001, que hasta ahora nunca ha sido utilizado, y cuya activación permitiría dar acogida por un año a los "inmigrantes imprevistos" causados por emergencias humanitarias y recolocarlos en los distintos países europeos según una cláusula de solidaridad.

La petición tiene "pocas posibilidades de prosperar", ya que existe "una clara mayoría en contra", explicaron las fuentes.

Francia y otros países se oponen tajantemente a usar ese instrumento al considerar que está previsto sólo para casos de personas que huyen de un país por razones políticas, mientras que la mayor parte de los llegados en los últimos meses son inmigrantes "económicos" procedentes de Túnez.

Tampoco la Comisión cree que sea el momento de activar ese mecanismo, ya que aunque a los Veintisiete han llegado unos 2.000 desplazados que necesitan protección internacional (entre los cuales unos 800 se encuentran en Malta) la directiva en cuestión habla de "flujos masivos" de personas en esa situación, lo que no es el caso actual, según ha dicho la comisaria Malmstrom.

Para resolver el problema, la CE ha hecho un llamamiento a la "solidaridad" de los países comunitarios para que participen en el reasentamiento de los refugiados y ha indicado que tratará con los que estén dispuestos a acoger a refugiados las posibilidades de financiación con cargo a los fondos europeos.

Fuentes europeas explicaron que "unos seis países" han declarado su disposición a acoger a desplazados, entre los que figuran Suecia y Alemania.

España no se ha pronunciado al respecto, ya que está pendiente de tener más información sobre el número de refugiados, la procedencia y otros detalles.

Por otra parte, los ministros de Interior mantendrán un primer debate sobre la propuesta comunitaria de crear un sistema de registro de datos de pasajeros aéreos, como parte de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Para España y Reino Unido el sistema no debería limitarse a los vuelos extracomunitarios sino ampliarse a los intracomunitarios, ya que dejar un tipo de trayectos sin cubrir podría convertir esos desplazamientos en objetivo de los terroristas.