Siete países de la Unión Europea (UE), encabezados por Alemania, se opusieron hoy a la idea de imponer sanciones penales a los empresarios que empleen a trabajadores ilegales, y sus posturas mostraron la fuerte división entre la Unión acerca de cómo luchar contra la inmigración irregular.

Los ministros comunitarios encargados de Inmigración trataron hoy esa propuesta y la de crear una "tarjeta azul" para atraer a la UE a trabajadores altamente cualificados de terceros países, dentro del objetivo de Bruselas de combatir la inmigración ilegal y a la vez establecer canales para promover la legal.

La discusión sobre las sanciones a quienes den trabajo a los inmigrantes ilegales se centró en dos puntos: la posibilidad de establecer medidas penales en toda la Unión y la propuesta de la Comisión para inspeccionar al menos al 5% de las empresas cada año.

Alemania encabezó un grupo de siete países que se opusieron a la idea de que haya sanciones penales a nivel comunitario, ya que consideraron mejor que cada Estado miembro decida qué tipo de medidas aplicar.

"Alemania considera las sanciones penales como algo no justificado. Hay otras formas de luchar contra la inmigración ilegal", señaló el ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble.

España insistió en su apoyo a la idea, y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la consideró "un paso en la dirección adecuada de combatir la inmigración ilegal", ya que "el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota".

Otros doce países apoyaron la idea de que haya sanciones penales mínimas a nivel de la UE, aunque no todos los Estados miembros intervinieron en el debate de hoy.

En cuanto a las inspecciones, la cifra del 5% anual ya suponía una rebaja importante respecto al 10% que propuso la Comisión Europea (CE) hace un año, pero aún así la gran mayoría de los países insistieron en que lo importante es la calidad, no solo la cantidad, por lo que pidieron centrarse en los sectores de riesgo.

"Es más importante que haya una calidad de las inspecciones, y no solo una cantidad nominal", afirmó la ministra finlandesa de Emigración, Astrid Thors.