UGT y CCOO acusan a la presidenta de liquidar a los liberados

Desaparición de los sindicalistas dedicados a tiempo completo al derecho de representación en la Comunidad de Madrid. Según UGT y CCOO, esa es la propuesta final del Gobierno regional de Esperanza Aguirre en lo que a los recortes de los liberados sindicales se refiere, plasmada en el anteproyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2011.

El texto, aprobado este jueves, establece que los liberados sindicales de la comunidad madrileña sean los que marca la normativa vigente en aplicación del Estatuto de la Función Pública y de la Ley de Libertad Sindical.

Fernando Sánchez, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, lamentó que, en el caso de que la propuesta del Ejecutivo de Esperanza Aguirre se llevara a cabo "hasta sus últimas consecuencias", significaría "el final de más de dos décadas de negociación colectiva" entre los sindicatos y la administración de la Comunidad de Madrid.

La aplicación de la normativa vigente supondría no tener en cuenta los derechos adquiridos durante la negociación colectiva con los gobiernos regionales, también con el de Aguirre. Uno de esos derechos es la posibilidad de ejercer la militancia a tiempo completo. En esta situación se encuentran actualmente un millar de delegados, según las centrales sindicales, y más de 3.000, a juicio de la Administración.

El dirigente de CCOO Javier Díaz explicó que lo único que reconoce Aguirre es "un crédito para ejercer el derecho de representación, que oscila entre las 15 y las 40 horas en función del número de trabajadores de la empresa", como establece la ley. Actualmente, los convenios reconocían a los delegados 75 horas.

"Si la comunidad tiene X número de funcionarios y personal para prestar los servicios de sanidad, educación, transporte y servicios sociales, no estamos en disposición de que 3.000 no vengan a trabajar", defendió hoy Aguirre. Además, anunció la creación de un registro de delegados sindicales en la región. Desde el Ejecutivo autonómico se mantienen "abiertos a la negociación" con los sindicatos.