El portavoz de UPD del País Vasco, Fernando Maura, ha pedido hoy en Arrasate (Guipúzcoa) -donde el mes pasado fue asesinado el ex edil socialista, Isaías Carrasco- un pacto de Estado para "la completa expulsión y deslegitimación del terrorismo organizado de la vida política y social".

Maura ha hecho esta petición en una rueda de prensa, en la que también han participado las dirigentes de su partido Lidia Brancas y Magdalena San Vicente, y durante la que ha dado a conocer una propuesta para la "regeneración democrática del País Vasco".

Con este fin, el dirigente de UPD ha reclamado un pacto de Estado que "garantice, independientemente de las circunstancias, la permanente vigencia" del "objetivo" de "expulsar" al terrorismo de la "vida política y social", algo que considera una "necesidad manifiesta", más allá de los "intereses políticos especulativos y coyunturales".

Maura ha opinado que este asunto no es "solamente una elemental cuestión de dignidad", sino que "también es algo necesario para impedir que el dinero y la información pública acaben financiando o promoviendo, de manera directa o indirecta, las actividades terroristas".

El político vasco ha concretado su propuesta en tres puntos, el primero de los cuales exige "la expulsión de ANV de todas las alcaldías y equipos de gobierno de los ayuntamientos", para lo que su formación apoya "todas las mociones de censura que se presenten en los distintos consistorios" con este objetivo.

Como segunda demanda, UPD solicita que se lleve a cabo y publique "un completo estudio" para que se revisen "todas las posibles facilidades y aportaciones económicas concedidas por el Parlamento, Gobierno Vasco o los diferentes ayuntamientos a organizaciones y entidades sospechosas de connivencia o infiltración terrorista".

En tercer lugar, el partido liderado por Rosa Díez, reclama un "compromiso firme" para "impedir la presencia de nuevo de ANV y EHAK, o las siglas y subterfugios que las antecedieron y las que puedan sucederles, en cualquiera de las elecciones que se celebren en el futuro".

Maura ha constatado que el hecho de que su formación deba recurrir a "un acto público" para hacer estas peticiones subraya "el lamentable vacío y abandono que existe en este terreno", del que "son responsables no sólo las instituciones vascas, sino la miopía política nacional que ha permitido esta aberración en las últimas décadas".

"No salimos de nuestro asombro -ha añadido-, al constatar cómo a pesar de la sucesión de vergonzosos acontecimientos políticos desarrollados en torno a la corporación de Arrasate, y del rosario de crímenes y bombas de ETA, nuestra clase política es incapaz de hablar claro y quitarse la careta en semejante carnaval".

"El espectáculo de una alcaldesa -de Arrasate- incapaz de condenar el asesinato de un vecino -ha agregado-, y las incomprensibles y enormes dificultades para alcanzar un consenso entre los partidos políticos y apartar a todos los ediles de ANV de los gobiernos municipales, evidencia con nitidez la bochornosa realidad" de "la cesión directa de responsabilidades institucionales a organizaciones dirigidas y coordinadas por el terrorismo".

A su juicio, esto ha sido posible "gracias a varias décadas de gobiernos nacionalistas incapaces de distinguir una organización criminal de un adversario político", pero "sobre todo" por "el reconocimiento que como interlocutor político se ha otorgado" a ETA, y porque ésta "se empeña en seguir reivindicando a bombazos".