Valladolid, "ciudad taurina" por tan sólo un voto

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado declararla como "ciudad taurina" por 15 votos a favor y 14 en contra. La moción, debatida en el Pleno del Ayuntamiento, expresaba su "repulsa" por las "prohibiciones territoriales" de las corridas de toros, en clara alusión a Catalunya, y mantiene que la Constitución garantiza el "derecho a disfrutar de ellas en cualquier parte del Estado". 

Los concejales del PSOE y de IU votaron en contra por entender que no es necesaria tal declaración y considerarla "oportunista" y "provocadora". Además, opinan que se impone una etiqueta a la ciudad que no le va a dar prestigio y que puede provocar enfrentamientos territoriales. 

El texto, promovido por el Partido Popular de Valladolid, que gobierna en mayoría, proponía la declaración de la capital vallisoletana como "ciudad taurina". Además, defiende los toros como una de "las señas de identidad de nuestro país", con importantes "repercusiones" en la cultura, la economía, el turismo o "la proyección" de España.

PSOE e IU critican la moción por "oportunista" y "provocadora"

"Son un hecho cultural que no se puede desvincular de nuestra historia y tradiciones, que en el caso de nuestra ciudad y provincia ofrecen, además, raíces singulares", añade la moción.

Estas singularidades de Valladolid son, según el texto, que la provincia conserva "la ganadería de reses bravas más antigua de España", la de Raso de Portillo; que el patrón de la ciudad y el de los toreros es el mismo, San Pedro Regalado; y que el Ayuntamiento concede el trofeo taurino más antiguo de España desde 1952.

Por ello, la moción destaca: "estas razones son las que nos hacen sentir especialmente concernidos en la polémica suscitada sobre la prohibición de las corridas de toros".

Asimismo, subraya que la Constitución "ampara tanto el derecho a la libre expresión de quienes se manifiestan en contra de las corridas de toros, como a quienes reclaman su derecho a disfrutar de ellas en condiciones de igualdad en cualquier parte del Estado".

En este sentido, manifiesta su "repulsa a las prohibiciones territoriales, dirigidas a erradicar ese patrimonio cultural común y a cercenar la igualdad de los españoles para acceder a su disfrute o ejercicio profesional, en cualquier parte de España".