Varias ONG han reclamado que continúen las reformas iniciadas por el Gobierno de Birmania como prueba del verdadero cambio de rumbo del país hacia la democracia tras las elecciones parciales que se celebrarán este domingo, en un comunicado conjunto publicado hoy.

"La comunidad internacional debe juzgar la intención del Gobierno de un cambio real no por el resultado de los comicios, sino por las acciones concretas adoptadas para garantizar la libertad de los presos políticos y las reformas en las instituciones, las leyes y la política, para crear una verdadera democracia", recalca Soe Aung, portavoz del Foro para la Democracia en Birmania.

En el texto se alerta sobre la decisión de la Comisión Electoral de posponer la votación en los tres estados de la etnia kachin por "motivos de seguridad" y lo compara con la decisión tomada en las elecciones de 2010 cuando 3.400 poblaciones de las etnias kachin, karenni, karen, mon y shan no pudieron ejercer su voto.

"Las diferentes nacionalidades étnicas han pedido una solución política justa para sus quejas. El aplazamiento de la votación sólo sirve para privar de derechos a las étnicas y agravar las causas profundas de los conflictos armados", indica en la nota Yap Swee Seng, director ejecutivo de FORUM-ASIA.

Además, las organizaciones informan sobre la persecución y la negación de pasaporte a varios de los presos políticos liberados el pasado 13 de enero. Entre los casos cita la detención del monje U Gambira o el activista político Soe Kywe, quienes volvieron a ser liberados con cargos.

Birmania vive una etapa de cambios desde que la última Junta Militar se disolvió el 30 de marzo de 2011 y entregó el poder a un gobierno civil.

Desde entonces, el Ejecutivo encabezado por el presidente Thein Sein ha autorizado los sindicatos, ha flexibilizado la censura, ha impulsado el diálogo con La líder del movimiento democrático de Birmania, Aung San Suu Kyi, y ha firmado algunos acuerdos de paz con ejércitos étnicos.

Las elecciones del 1 de abril servirán para completar los escaños que han quedado vacantes en el Legislativo elegido en los comicios de noviembre de 2010 y que la oposición boicoteó por considerar que la ley electoral de entonces era antidemocrática.