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Varios edificios oficiales ignoran la ley de la Memoria

La Entesa exige al Gobierno que retire los símbolos franquistas de las fachadas

DIEGO BARCALA

Un simple paseo por la calle de la Princesa en Madrid inspiró al senador de la Entesa, Miquel Bofill, para elaborar ayer una serie de preguntas al Gobierno sobre el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica. El grupo catalán pregunta por qué no se retiran las placas de elogio al régimen franquista que todavía lucen lustrosas en edificios como el del Ministerio del Aire, en la calle de la Princesa, tal y como exige la ley de la Memoria aprobada ya hace ocho meses.

"No se puede entender por qué todavía incumplen la ley, sobre todo instituciones como el Ejército", lamenta Bofill. La Ley se encuentra paralizada en muchos casos por las dudas sobre el valor patrimonial que puedan tener los elementos erigidos en la dictadura como homenaje a los caídos del bando de Franco. La ley aprobada por el Gobierno socialista fija los fines pero no los medios. "Parece como si la hubieran aprobado y después se hubieran arrepentido", ejemplifica el senador por Girona.

La misma queja existe en otro artículo de la Ley referente a la exhumación de los cadáveres de las fosas comunes. El texto otorga a la administración competente la obligación de ayudar a aquellas personas que quieran recuperar el cuerpo de un familiar, pero no dice cómo. La Generalitat de Catalunya se ha adelantado y ya ha aprobado un procedimiento para este apartado en las fosas catalanas. "Al final, depende de la voluntad política de la administración competente", analiza Bofill. En algunos casos ya se han retirado estatuas ecuestres del general Franco, pero aún quedan en pie numerosas placas, como la que indignó al senador en Madrid, con la siguiente inscripción: "Francisco Franco, Caudillo de España".

Querella contra los nazis
La memoria histórica debida a los republicanos españoles traspasa las fronteras. Muchos de los represaliados y vencidos se vieron obligados al exilio por Europa donde se enfrentaron a un segundo totalitarismo. En esta ocasión, el nazismo.

La Audiencia Nacional
admitió ayer a trámite la querella de una víctima española del holocausto nazi contra cuatro de sus carceleros en un campo de internamiento alemán. Los denunciados residen hoy en EEUU.

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