'Brilat, fóra de Pontevedra. O monte é noso' [Brilat, fuera de Pontevedra. El monte es nuestro]. Los vecinos de la parroquia pontevedresa de Salcedo no quieren ni oír hablar de la base militar de la Brigada de Infantería Ligera que se asienta en sus terrenos.

Acusan al Ministerio de Defensa de estar 'arrasando' sus propiedades, situadas tanto en monte privado como en monte comunal. Por este motivo, los comuneros se oponen a la ampliación de la franja de seguridad de las instalaciones del destacamento militar y exigen al departamento que dirige Carmen Chacón que les devuelva 'sus terrenos'.

Tras la batalla, histórica, abierta entre vecinos, comuneros y militares subyacen 250 hectáreas de terreno que los civiles reclaman. Advierten de las consecuencias de las nuevas construcciones, cuyo fin es facilitar los entrenamientos de los soldados para sus misiones en el exterior. Estos vecinos aseguran que las obras redundarán de modo nocivo tanto al desarrollo urbanístico como a la calidad de vida.

Defensa ha ampliado sus instalaciones en Pontevedra para construir un poblado de hierro y hormigón que, denuncian los afectados, está a dos metros de las propiedades privadas. Las estructuras militares cuentan con sótanos, plantas, ventanas y vías acometidas con hormigón, y pretenden recrear una aldea afgana.

'Todos debemos sentirnos afectados, no sólo los propietarios de las casas y las fincas' que quedan dentro de la franja de seguridad que delimita el campamento militar, arguyen los vecinos.

Los lugareños siguen a la espera de que finalmente se cumpla el compromiso ministerial hecho público el jueves de que la zona militar de especial protección no será ampliada.

No obstante, los afectados aseguran que las obras son 'un atropello y una barbaridad'. 'Se supone que esto es para prepararse para Afganistán, pero lo que van a conseguir es llenar el monte de obras clónicas de poblados a los que van', ironizan, y bromean con la idea de que al final las instalaciones servirán 'para rodar películas'.

La Consellería de Cultura del Gobierno de Núñez Feijóo (PP), por su parte, reclamará al Ministerio la conclusión de los trabajos con el fin de 'realizar una serie de prospecciones arqueológicas'. Esta decisión llega tarde porque las obras de ampliación ya están terminadas, de ahí que los comuneros estudien acudir a la vía judicial para recuperar los terrenos.

'No a las franjas de seguridad, no a las obras ilegales en los montes de los vecinos', reiteran los afectados. Desde el Ayuntamiento de Pontevedra critican la 'falta de diálogo' con el departamento de Defensa pero confían en que se cumpla el reciente compromiso adquirido.

Los montes comunales son una singularidad histórica de Galicia, ya que ocupan 650.000 hectáreas, un tercio del territorio autonómico y son tierras que pertenecen a los vecinos no a los ayuntamientos ni tampoco a la Xunta.