De la Vega advierte de que ni la sociedad ni el Gobierno aceptan "tutelas morales"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha defendido hoy en el Congreso la cooperación del Ejecutivo con la Iglesia porque no supone "menoscabo" de la "laicidad" del Estado, pero ha advertido de que ni la sociedad ni el Gobierno aceptarán "tutelas morales" de nadie.

De la Vega ha comparecido a petición propia en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para informar de la situación de las relaciones entre la Iglesia católica y el Estado, y allí ha expresado su respeto al derecho de "una parte" de la jerarquía eclesiástica a criticar al Gobierno, como hicieron los obispos en la reciente concentración de Madrid en favor de la familia católica.

Sin embargo, también ha pedido y exigido "el mismo respeto" para el Ejecutivo cuando cumple sus compromisos electorales; "lo que ya no resulta tan tolerable es que para ejercer ese derecho se vulnere el respeto debido a dos poderes legítimos, como son el Gobierno y el Parlamento, y se haga además faltando a la verdad", ha dicho.

La vicepresidenta ha valorado la profundización en derechos sociales que a su juicio ha llevado a cabo el Ejecutivo, con medidas como el reconocimiento de los matrimonios homosexuales o la supresión de trabas para el divorcio, cambios que en su opinión la sociedad española "ha aceptado e integrado en su día a día".

De hecho, De la Vega ha subrayado que esta sociedad "no necesita tutelas morales, como tampoco las necesita, ni tolera, ni acepta su Gobierno", y ha alertado de que tampoco está dispuesta "a retroceder a tiempos pretéritos en los que una única moral era impuesta a todos los españoles".

Estos tiempos "afortunadamente quedaron atrás y no volverán por expreso deseo de la mayoría", según la vicepresidenta, para quien esta "mayoría" social "no está dispuesta a retrasar las manecillas del reloj de la historia".

María Teresa Fernández de la Vega ha sustentado su exposición inicial en la plena adecuación de las relaciones del Gobierno con la Iglesia católica y las otras confesiones religiosas al principio de aconfesionalidad del Estado marcado por la Constitución, al respeto a la autonomía de cada institución y también a todos los creyentes.

De esta manera, la "buena relación de cooperación y lealtad" entre ambas instituciones, según ha explicado, que está recogida en los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979, "ni empaña ni merma en nada la aconfesionalidad del Estado".

La vicepresidenta ha insistido en que la cooperación con las Iglesias es "normal" en las democracias y no supone "menoscabo alguno de la laicidad del Estado", pero también ha hecho hincapié en que esta relación no "otorga" derecho a ninguna Iglesia, por mayoritaria que sea, "a inmiscuirse en el ámbito propio de la autonomía del poder político".

Pese a las discrepancias de "una parte" de la jerarquía eclesiástica en esta legislatura hacia reformas promovidas por el Gobierno socialista -como la LOE, el régimen de la asignatura de Religión o la implantación de la Educación por la Ciudadanía-, De la Vega ha dicho que ha trabajado "bien" con la Iglesia y ha valorado acuerdos alcanzados, entre ellos el relativo a su financiación.

Ha reiterado que el Ejecutivo ha cumplido con sus compromisos adquiridos con los ciudadanos en las urnas para extender sus derechos y eliminar discriminaciones y ha pedido respeto para esta labor, sobre todos porque estos nuevos derechos "a nadie obligan" ni "impiden a nadie la vivencia y el libre ejercicio de su fe".