La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado hoy que la política de inmigración del Gobierno es "legal y ordenada" y que el cumplimiento de la ley en España "no es negociable" y "por tanto no puede ser objeto de contrato".

En declaraciones realizadas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega ha respondido así al proyecto de Ley de Integración de la Comunidad Valenciana que tiene previsto contemplar un compromiso de integración por el que los inmigrantes deberán asumir "el modelo de convivencia y la escala de valores" valencianos.

El vicepresidente y portavoz de la Generalitat valenciana, Vicente Rambla, respondió ayer a las críticas recibidas por ese proyecto de Ley e insistió en que aún está en "fase de debate", aunque su impulsor, el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha admitido que no firmar el contrato supondrá tener "dificultades de integración".

La vicepresidenta primera del Gobierno ha subrayado que la política de inmigración "legal" y "ordenada" fija cual es el marco de funcionamiento "de forma muy clara".

"La ley y la constitución además valen para todos los ciudadanos, los inmigrantes y para todas las instituciones. Para todas. Ya sean de ámbito nacional, autonómico o local. La ley básica obliga por igual a todos", ha indicado.

A su vez, ha manifestado que la citada propuesta "puede tener distintas interpretaciones y distinta intencionalidad" y que una de ellas podría ser la de burlar la voluntad y otra que el PP tenga visiones distintas de España y quiera imponerlas donde gobiernan.

"Los responsables del PP que, con todos los respetos, tengan visiones distintas de España y quieran imponer un modelo distinto, deberán, en todo caso, explicarlo", ha subrayado De la Vega.

"Nuestro modelo es un modelo de derechos que derivan de las leyes no de las costumbres", ha subrayado.