De la Vega dice que los Estados definen el modelo de financiación de TV pública

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha señalado hoy que los Estados son los que definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión, pero es la Comisión Europea la que debe determinar si las ayudas estatales para esa financiación son compatibles o no con el Tratado de la Unión.

En su defensa del proyecto de Ley de la Comunicación Audiovisual, que hoy se somete al debate de totalidad, Fernández de la Vega ha recordado que el título IV de la ley versa sobre la financiación de los medios públicos y ha aseverado que, además, la financiación de las televisiones públicas de ámbito público corresponde a cada comunidad autónoma en el marco de la normativa europea.

Las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno se producen un día después de que la Comisión Europea (CE) decidiera abrir una investigación en profundidad contra el nuevo sistema fiscal de financiación establecido por el ente público español de radio y televisión RTVE.

Por otro lado, de la Vega ha señalado que el proyecto es "una "buena ley, garantista, moderna, necesaria, equilibrada y liberalizadora" y ha reconocido que, "como todo en la vida", la medida "es mejorable", aunque, es "un buen punto de partida".

El texto, ha apuntado, reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva, pero limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra se acumula más del 27 por ciento de la audiencia.

Además, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva que acumulen más de dos múltiplex -ocho canales- y, en toda caso ha indicado, se garantiza un mínimo de tres operadores privados estatales.

A su vez, Fernández de la Vega ha explicado que la ley regula las fórmulas de televisión de pago o acceso condicional como un derecho de los titulares de las licencias de TDT y limita el pago al 50 por ciento de los canales concedidos a cada licencia.