Un venezolano, un búlgaro y un canadiense examinan las denuncias contra España por las renovables

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, ha designado sendos árbitros procedentes de Venezuela, Bulgaria y Canadá para tres de los cuatro procedimientos abiertos por los inversores extranjeros contra España por los recortes a las energías renovables y, en especial, a la energía solar.

El venezolano Pedro Nikken ha aceptado su designación como árbitro en la denuncia planteada por el fondo de infraestructuras RREEF, mientras que el canadiense Christopher Thomas hará lo propio en el litigio planteado por el fondo Antin, según consta en los registros de la institución dependiente del Banco Mundial. El búlgaro Stanimir Alexandrov también aceptó a finales de febrero ejercer de árbitro, en este caso en la denuncia del fondo Eiser contra España, por lo que solo queda un juez por asignar, que sea el que valore la demanda planteada por el fondo soberano árabe Masdar.

De los designados, Pedro Nikken destaca por haber sido juez y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudió Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y amplió estudios en la Universidad de París, así como en la Universidad venezolana de Carabobo. Es profesor universitario y exdecano de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, Christopher Thomas acumula una quincena de casos como árbitro del Ciadi. Ha estudiado leyes internacionales en la univerdad de Columbia, así como en la British Columbia y en Sussex. Es capaz de trabajar en español escrito, según se aprecia en su currículum oficial, y entre los casos en los que ha trabajado en el Ciadi figura uno de Hochtief, ahora filial de ACS, contra Argentina. En cuanto al búlgaro Stanimir Alexandrov, estudió en la Universidad George Washington y en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, y domina el francés, el ruso y el español.

De los veinte últimos litigios planteados ante el Ciadi, cuatro afectan a España por los recortes a las renovables, lo que convierte al país en el más denunciado, por delante de Egipto, que suma tres denuncias internacionales, incluida una de Unión Fenosa Gas por las interrupciones de suministro a su planta de Damietta. Tras conocerse en diciembre el primero de estos litigios contra España, el planteado por RREEF, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, indicó que las firmas internacionales aspiraban a rentabilidades improbables del 20%. "Estas empresas hicieron unas inversiones considerando que iba a haber una rentabilidad razonable superior al 20% durante toda la vida, y eso no ocurre en ningún país del mundo, porque si eso ocurriera el resultado sería que el sistema eléctrico simplemente quebraría", afirmó el ministro.

Las denuncias de las firmas internacionales se concentran en los recortes a la termosolar. Como ejemplo, el fondo británico Eiser, asesorado por los abogados de Allen & Overy, es socio en España de Elecnor y de la firma de ingeniería Aries, con las que invirtió 935 millones de euros en tres centrales en el año 2007.

La cuota de energías renovables sobre el total del consumo energético de España se sitúa en línea con la media de la UE (14,3% frente al 14,1% de promedio comunitario), pero todavía lejos de su objetivo del 20% para 2020, según los datos de un informe publicado este lunes por la oficina estadística Eurostat con datos de 2012

Entre 2004 y 2012, la cuota de renovables en España ha aumentado desde el 8,3% hasta el 14,3%. Sin embargo, los mayores incrementos durante este periodo se registraron en Suecia (del 38,7% al 51%), Dinamarca (del 14,5% al 26%), Austria (del 22,7% al 32,1%), Grecia (del 7,2% al 15,1%) e Italia (del 5,7% al 13,5%). Los Estados miembros líderes en renovables son Suecia (51%), Letonia (35,8%), Finlandia (34,3%) y Austria (32,1%). A la cola se sitúan Malta (1,4%), Luxemburgo (3,1%), Reino Unido (4,2%) y Holanda (4,5%). Entre los grandes Estados miembros, la cuota de renovables de Alemania se sitúa en el 12,4% y la de Francia en el 13,4%.

En 2011, Estonia fue el primer Estado miembro en alcanzar su objetivo individual para 2020. El año pasado se le sumaron Bulgaria, Estonia y Suecia, cuyas metas eran 16%, 25% y 49%, respectivamente.