Cada vez más seguridad, cada vez menos intimidad

La grabación de la agresión a una niña ecuatoriana en un tren de Barcelona y la consiguiente conmoción social han hecho posible que el agresor haya sido imputado y vaya a ser juzgado. Pero la difusión del vídeo también ha provocado que tres personas, antes totalmente anónimas, se hayan convertido en famosas. Del agresor, Sergi Xavier, sabemos hasta sus más íntimos problemas de salud mental . El rostro de la niña, semiescondido bajo unas gafas de sol, ya ha ocupado portadas. Y el único testigo ha presentado una denuncia porque sus vecinos le insultan por la calle por no haber defendido a la menor.

El caso ha alentado de nuevo el debate sobre la videovigilancia y los peligros que conlleva para la intimidad de las personas. Las preguntas son varias: ¿Es legal que se difunda un vídeo sin previo consentimiento de quienes aparecen en él? ¿Qué puede hacer un ciudadano para proteger sus datos personales, entre los que se cuenta la propia imagen?

Difundir un vídeo sin permiso, ¿es legal?

En principio, la ley es clara: es ilegal tanto grabar como difundir un vídeo sin el permiso de quienes aparecen en él. Por lo tanto, quienes cuelgan grabaciones comprometedoras en Youtube se enfrentan, en el caso de ser denunciados y posteriormente condenados, a multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros.

Pero difundir un vídeo no está prohibido en todos los casos. El problema son las excepciones, que son tan complicadas e inabarcables como el propio ordenamiento jurídico. Según Artemi Rallo, director de la Agencia Española  de Protección de Datos, es lícito difundir una grabación, aun sin permiso, "si sirve para documentar un delito, o cuando es utilizada en nombre de la libertad de expresión porque retrata un hecho de interés social. O cuando lo permitan otras leyes, como las referidas al ámbito laboral y otras muchas”.

¿Quién protege mi imagen?

"En general, y entre comillas, es un desmadre", dice Antoni Farriols, presidente de la Comisión de Libertades e Informática, entidad formada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, o la Asociación de Internautas, entre otros colectivos, y que pretende preservar la privacidad de los ciudadanos frente a los avances tecnológicos.

Según Farriols, todas aquellas empresas, particulares o poderes públicos que coloquen una cámara en un espacio público o privado deben poner un cartel en el que se avise a los ciudadanos de que están siendo grabados. Además, tienen la obligación de informar a la Agencia de Protección de Datos. El objetivo es que cualquier persona pueda acceder a ese archivo cuando sea su propia imagen la que aparece y pueda, además, prohibir su difusión.

El problema es que “se calcula que sólo un 30% de quienes colocan cámaras cumplen con esa obligación”, dice Farriols. “Por eso es necesario crear una ley que regule las grabaciones y que vigile que estas obligaciones se cumplan”. Mientras, miles de cámaras vigilan día y noche cada vez más calles, edificios, lugares de trabajo y transporte público.