Viaje al corazón del caos urbanístico

El reglamento les exige conocer al detalle la topografía de la demarcación en la que trabajan y los recursos naturales de los que dispone.

Se les conoce como Seprona, aunque tras las siglas se esconde el único grupo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado dedicado al Servicio de Protección de la Naturaleza; es decir, a velar, dentro de la Guardia Civil, por el cumplimiento de las disposiciones que fomentan la conservación de todos los recursos medioambientales.

Público ha pasado 24 horas de patrullaje con el Equipo de Protección de la Naturaleza de Málaga, por cuyas investigaciones, a las que dedicaron más de un año, y registros durante la denominada operación Arcos el pasado marzo fue desarticulada la trama de corrupción urbanística presuntamente integrada por el ya ex alcalde de la población malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y por otros 28 imputados.

Este equipo desarticuló la trama corrupta de Alcaucín, que dejó 29 imputados

A las ocho de la mañana, el sargento y jefe de la Patrulla Urbana del Seprona de Málaga, José Benito, realiza el briefing del día en su modesto despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, mientras sujeta con una mano el frasco de un pigmento ilegal requisado durante la última inspección de un centro de belleza de la Costa del Sol.

"Fue durante una inspección rutinaria. Muchos se quedan sorprendidos cuando ven entrar en su negocio a un agente de la Guardia Civil porque nos relacionan más con actividades vinculadas a la naturaleza. En este caso, los tintes estaban etiquetados en inglés, fueron comprados a través de Internet a una empresa gibraltareña para su uso en la micropigmentación de la piel y sin autorización de la Agencia Española del Medicamento. Un peligro para los clientes, que podrían sufrir a corto plazo daños irreparables", cuenta.

Sobre el escritorio del sargento, el 80% de los expedientes corresponde a casos de delito urbanístico. "Por mi experiencia, puedo decir que, en comparación con el norte de España, en el sur existen muchísimas más casas ilegales. La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada se ha instalado aquí desde hace mucho tiempo y es muy difícil de erradicar. Nos hemos visto en la situación de leer los derechos a gente del campo, gente humilde en principio. Y nos preguntamos por qué esta gente lo sigue haciendo en el sur tan tranquilamente y sin miedo. La respuesta creo que es la desidia administrativa que existe", asegura Benito.

Para que la construcción de una casa se considere ilegal deben cumplirse dos requisitos: que se construya en suelo no urbanizable y que no pueda legalizarse. Sólo la patrulla urbana del Seprona de Málaga realizó en 2008 más de 2.500 actuaciones, por las que quedaron imputadas 65 personas. "La mayoría de los delitos eran urbanísticos o relacionados: falsedad documental o prevaricación urbanística en ayuntamientos".

El boom de 2006 y 2007

En la comarca malagueña de la Axarquía, a la que pertenece la población de Alcaucín, se estima que existen más de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las que más de la mitad se construyeron en los últimos diez años. Y el boom llegó entre 2006 y 2007. "En el Parque Natural de Los Montes de Málaga tenemos denunciado e imputado por delito urbanístico al dueño de una vivienda unifamiliar. El problema es que no damos abasto", añade Benito. "Necesitamos más personal para poder controlar toda la Costa del Sol".

La petición parece razonable teniendo en cuenta que sólo son nueve agentes. Hoy, como casi cada día, el sargento Benito y el cabo Pedro Pérez Pinto peinan en todoterreno los Montes de Málaga, a 20 kilómetros del centro de la ciudad. A cada paso, una parada para señalar alguna de las innumerables viviendas construidas ilegalmente, algunas sin ni siquiera licencia de obra. En el lugar donde se levantan estas casas no debería haber más que casas de aperos.

"La cultura de construir ilegalmente y que no suceda nada es muy difícil de erradicar"

"Los constructores tienen gran parte de la culpa por acceder a construir en suelos sobre los que saben a la perfección que no dan licencia", dice el cabo Pinto, mientras señala al menos tres chalés sobre los que recae en estos momentos una orden de paralización de obra por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.

"El truco que usan los propietarios de las casas para no levantar nuestras sospechas es pintarlas por fuera y acabar cuanto antes el exterior de la vivienda. Dentro, sin embargo, sólo hay ladrillos", añade.

Para comprobar la situación legal de estas casas, algunas incluso construidas con grandes piscinas o con hasta cuatro alturas y garaje, el Seprona consulta las ortofotos de varios años atrás. Este procedimiento les permite saber si el propietario de la supuesta casa ilegal dice la verdad. "Muchos nos dicen que la casa ya existía antes y se escudan en que lo que están haciendo es una reforma. A través del GPS, sacamos las coordenadas de la casa, consultamos la ortofoto de la base de datos del catastro y lo comprobamos. Si hay delito, la responsabilidad es tanto del propietario como del constructor y el técnico". "Por eso caen tantos en operaciones como la de Alcaucín y otros ayuntamientos", asegura Benito.

Tatuajes

El Seprona, pese a la relevancia de su cometido, sigue siendo un cuerpo muy desconocido. Su abanico de responsabilidades es variopinto. Por ejemplo, y aunque parezca chocante, entre sus competencias está la de actuar de oficio en casos en los que las tiendas de tatuajes no cumplan con los requisitos de esterilización y de desecho por incineración controlada del material punzante usado.

Es un trabajo que realizan empresas autorizadas y que impide que se produzca la llamada contaminación cruzada. "Las agujas tocan sangre y estas, a su vez, contaminarían el medio ambiente", cuenta ItziarOrozco, propietaria de la tienda Tarántula, que los agentes acaban de inspeccionar.

Lo mismo se hace en las tintorerías, donde la contaminación proviene de percloroetileno, ese producto que hace tan reconocible al olfato estos establecimientos y cuya eliminación debe realizarse por parte de un gestor autorizado, pues es altamente tóxico y cancerígeno.