Una queja y la biografía de Jesús Pueyo Mastiera son los documentos que hoy ha presentado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en el ministerio de Justicia. El objetivo: trasladar al ministro Francisco Caamaño sus demandas de atención a las víctimas de la dictadura. 

'Jesús Pueyo es el paradigma de la lucha que reivindica justicia', asegura el presidente de la ARMH, Emilio Silva, sobre este aragonés que tiene siete familiares directos desaparecidos en fosas comunes. Pueyo lleva desde la década de los 80 'pidiendo en todas las instancias administrativas' ayuda para 'recuperar los cuerpos de sus familiares y darles sepultura digna', explica Silva.

La senda de insistencia que Pueyo comenzó hace más de 30 años —durante los cuales ha enviado más de 130 escritos a la Administración— la siguen otros familiares que, agrupados en la ARMH, llevan una década pidiendo el compromiso del Estado en la reparación de las víctimas.

Jesús Pueyo fue uno de los primeros en pedir ayuda a la asociación, tras no lograr respuestas del Estado

Entre esas demandas figura la financiación de las pruebas de ADN, un compromiso que Caamaño ha adquirido con los afectados por el caso de los niños robados, pero nunca planteado desde el Gobierno para los cuerpos que se rescatan de los enterramientos ilegales de la dictadura.

'Pedimos recursos para hacer las pruebas de ADN a todas las víctimas a las que se refiere la Convención de la ONU sobre desapariciones forzadas', explica. 

Silva recuerda que Pueyo, que ahora tiene 89 años, fue uno de los primeros que acudió a pedirles ayuda cuando empezaron los primeros trabajos de exhumaciones con métodos científicos, en octubre del 2000. 'Aún no ha tenido respuesta por parte del Estado', indica, a la vez que recuerda la premura con la que debieran tratarse estos casos que afectan a personas en edad muy avanzada. 

En la reclamación presentada hoy, la ARMH reivindica la aplicación del derecho y 'de la humanidad' para aquellos hombres y mujeres que sufrieron 'los peores delitos contra la humanidad' y recuerdan que la ciudadanía debe esperar de un ministro de Justicia que 'garantice derechos y accesos en igualdad a los recursos públicos'.

Como argumento de la denuncia que hacen tras sentirse discriminados en el trato respecto a las víctimas del tráfico de bebés, invocan el artículo 14 de la Constitución española para subrayar que los españoles son 'iguales ante la ley'.

En la misiva también citan la Convención Europea de Derechos Humanos y, a tenor de lo dispuesto en esta norma internacional, recuerdan a Caamaño la forma de 'maltrato' que ejerce el Estado obviando 'el drama de miles de familias que buscan a sus seres queridos'. 

'Esa forma degradante de tratarlas, como si fueran insignificantes, poco tiene que ver con los derechos que debe garantizar, para situaciones tan graves, una justicia democrática', añaden.