Las víctimas del franquismo se sienten agraviadas por Justicia

Llevan diez años peleando para que el Estado les abra las puertas de sus laboratorios de ADN y se responsabilice de la búsqueda e identificación de sus familiares, detenidos ilegalmente, torturados y asesinados bajo la represión franquista. Ahora se sienten "discriminados" tras la decisión del Gobierno de realizar pruebas gratuitas de identificación a los familiares de los niños robados desde la dictadura hasta los años noventa en varias clínicas repartidas por todo el país.

"Estamos indignados con este doble rasero que no tiene que ver con las necesidades de las familias sino con el impacto mediático que ha generado el caso del robo de bebés", explica Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Para las víctimas del franquismo, la actuación del Ministerio de Justicia es "incomprensible" y atenta contra del artículo 14 de la Constitución Española que reza que los españoles son "iguales ante la ley". Por ello, presentarán una queja formal la próxima semana en el departamento que dirige Francisco Caamaño. El Ministerio declinó comentar el malestar de esta asociación.

Emilio Silva afirma que el trato desigual atenta contra la Constitución

Silva aclara que el Gobierno "cumplió con su deber" de ofrecer a los niños robados y sus familias los recursos de análisis de ADN con los que cuenta el Ministerio, pero insiste en que es "incomprensible" que este derecho se garantice en este caso y no en el de las víctimas de la represión franquista.

"Cada día mueren familiares de desaparecidos que llevan décadas esperando a que el Estado cumpla sus deberes. El ministro debe ofrecer ADN para los familiares de los bebés robados y también para los de los asesinados que se encuentran en fosas comunes", denuncia el presidente de la ARMH.

El pasado 16 de febrero, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se reunió con representantes de la Plataforma de afectados de clínicas de toda España en la causa de niños robados y se comprometió con ellos a nombrar a un responsable de coordinar la información y las peticiones suministradas por las diferentes asociaciones de afectados.

Las pruebas de ADN, gratis para los niños robados, cuestan 350 euros

En una reunión posterior con el recién nombrado coordinador, Ángel Núñez, este aseguró a las personas afectadas por el caso de robo de niños que el fiscal general del Estado contemplaba este asunto en su agenda de prioridades. Además, Núñez aconsejó a las personas que sospecharan haber sido víctimas de la trama de robo de niños que acudieran a las administraciones de Justicia de los territorios en los que residen.

Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto el agravio comparativo que sufren las víctimas de la dictadura franquista. Desde hace años, estas reclaman a los jueces su presencia en las exhumaciones de fosas de la represión franquista tal y como contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos en los que aparecen o son encontrados restos humanos con signos de violencia.

La ARHM denuncia que la negativa de los jueces a acudir a las fosas niega además a los familiares de los desaparecidos una de las normas fundamentales que recoge la Constitución en su artículo 24 sobre el derecho a una tutela judicial efectiva.

Por el momento, son las asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, con las subvenciones que reciben del Ministerio de la Presidencia, las que se encargan de gestionar los trabajos de exhumación e identificación de los restos que localizan en fosas comunes sin más apoyo institucional que la aportación económica.

Equipos como el que dirige el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Luis Ríos, se encargan de estos procesos. Ríos, biólogo especializado en osteología humana, ha identificado junto a su equipo, que fluctúa entre los tres y los cinco miembros en función del presupuesto, más de cien esqueletos desde 2006.

La prueba de extracción del ADN del diente de una víctima tiene un coste aproximado de unos 350 euros, "siempre y cuando no haya que repetir el proceso", explica Ríos. Además, obtener la muestra del familiar vivo con la que se cotejará cuesta alrededor de 150. Las asociaciones de familiares corren ahora con estos gastos, sumados a los de las excavaciones y exhumaciones, por eso se sienten "discriminados" frente a otros ciudadanos. Ríos tiene claro que este es un trabajo que requiere "más recursos" pero también una implicación activa de las instituciones.