'Somos conscientes de la compleja posición en la que se encuentra el fiscal entre el deber de defender la legalidad y, como en este caso, de atender a las necesidades de política exterior de España'. Es la única justificación que los abogados de los seis supervivientes y familiares de víctimas del ataque que el Gobierno israelí perpetró contra el barrio Al Daraj de Gaza, el 22 de julio de 2002, encuentran a la petición fiscal de archivar la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los militares responsables del lanzamiento de la bomba que mató a un miembro de Hamás y a 14 civiles.

Los querellantes se opusieron ayer, con un escrito de 45 páginas, a la petición de archivo fiscal. Consideran que 'es obligación de la Jurisdicción española proceder a la investigación y enjuiciamiento' de los autores del ataque. La querella, admitida a trámite por el juez Fernando Andreu el pasado mes de enero, se dirige contra el entonces ministro de Defensa israelí, Benjamín Ben-Eliezer, y otros seis responsables militares.

La acusación particular califica de 'vergonzante' la sentencia del Tribunal Supremo israelí que el Ministerio Público esgrime para pedir el archivo de las actuaciones. En su opinión, supone 'el primer apoyo de la Fiscalía de un país europeo a la filosofía que intenta destruir el edificio del derecho internacional, al legalizar asesinatos sin juicio previo'.

El ataque investigado por la Audiencia Nacional pretendía matar al miembro de Hamás Sala Shedadeh. Para ello se lanzó una bomba de una tonelada que mató a otras 14 personas e hirió a 150 más. La sentencia del Alto Tribunal israelí se limita a ordenar el examen de las circunstancias de cada ataque.

Con ese objetivo se creó una 'comisión administrativa', que concluyó que no se debía investigar el de julio de 2002, porque las fuerzas armadas habían respetado 'los principios de distinción y proporcionalidad'.

'Siete años después del ataque todavía no hay causa en Israel que impida' juzgar a sus responsables en España, concluye el escrito.