Las víctimas piden al futuro Gobierno que la seguridad vial dependa de Moncloa

Las víctimas de accidentes tráfico piden al futuro Gobierno que contemple la seguridad vial como una prioridad política y que adjudique la competencia en esta materia a un nuevo organismo que dependa de Presidencia o Vicepresidencia, con amplias facultades para coordinar a los Ministerios implicados.

Eso es lo que piden las víctimas de accidentes de tráfico al partido político que forme Gobierno tras las elecciones del 9 de marzo y lo hacen víctimas como las de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal (AESLEME), que recientemente enviaron a los partidos políticos sus propuestas con la esperanza de que las incluyeran en sus respectivos programas electorales.

Las mismas propuestas que rubricaron los miembros del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de la Carretera (AEC), y que vienen a resumir las que rubricaron en el denominado el Libro Verde de la Seguridad Vial", que incluye 77 propuestas para hacer frente a la siniestralidad.

Las propuestas -algunas incluidas en los programas electorales- están encabezadas por una premisa que también considera imprescindible Stop Accidentes, que preside Ana María Campo: la seguridad vial tiene que figurar entre las máximas prioridades para la próxima legislatura y estar avalada por un incremento de la dotación presupuestaria destinada a frenar la siniestralidad.

"La música suena muy bien en el sentido que vemos unos programas electorales en materia de seguridad vial muy parecidos en lo básico, pero lo fundamental es que el Gobierno que venga considere la seguridad vial como una prioridad política porque los españoles están muriendo por el tráfico", apunta Mar Cogollos, presidenta de AESLEME.

Esa prioridad se debe plasmar con la creación de un organismo "con funciones muy superiores a las que tiene la DGT", apunta Cogollos, que considera que se le debe facultar para coordinar a todos los ministerios implicados en la materia, por lo que debería de depender directamente de Presidencia o Vicepresidencia.

También desde el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) se insiste en la conveniencia de crear una Secretaría de Estado para la Seguridad Vial porque esta materia, a su juicio, "no puede depender" del Ministerio del Interior a través de Tráfico ya que se trata de un asunto "transversal que afecta a competencias de diversos Ministerios".

"Hace falta una agencia que aglutine a todos los Ministerios implicados y que cada cual cargue con su responsabilidad", señala también Ana María Campo, quien cree que se debería haber avanzado más en la reforma del Código Penal y pide que la Fiscalía asista a las familias de los fallecidos tanto en procedimientos penales como civiles.

Los promotores del Libro Verde consideran que la modificación del Código Penal aconseja un reposo en la acción legislativa relativa a las cuestiones sustantivas y, por el contrario, centrar el esfuerzo en la exigencia de cumplimiento de las normas.

Cogollos cree que las sanciones surten efecto para frenar la siniestralidad, pero que hay que compensarlas con medidas educativas, preventivas y formativas.

Cuando el siniestro ya se ha producido, según Ana María Campo, habría que aplicar otras medidas y tendría que ser obligatorio que los conductores que causen los accidentes "pidan perdón" porque "a partir del arrepentimiento puede haber reeducación y rehabilitación".