Las víctimas quieren que ETA reconozca la "ilegitimidad" de su "proyecto político"

El silencio de las armas ha dado paso a la batalla del relato. Una vez confirmado el “fin de ciclo” de ETA (lo que técnicamente supondrá su desaparición de la vida de Euskadi), las asociaciones de víctimas se han puesto en pie de guerra para rebajar expectativas sobre el valor de este anuncio y, al mismo tiempo, advertir sobre otro aspecto: creen que la organización ya desarmada y prácticamente disuelta también debe admitir la “ilegitimidad” de su “proyecto político totalitario”.

“El problema de ETA no es solamente los medios violentos que utilizó, sino también los fines que persiguió”, resume a Público la portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Carmen Ladrón de Guevara. Al igual que en la mayoría de los colectivos de víctimas, en su oficina nadie se sintió complacido cuando el pasado 21 de abril ETA reconoció el daño causado y pidió perdón por sus acciones, aunque enfocando principalmente sus disculpas entre las víctimas que no tenían “responsabilidad en el conflicto”.

“Fue un comunicado trampa”, dice la representante de la AVT, quien se muestra absolutamente convencida de que “lo único que pretende ETA es justificar lo que ha hecho”. “Lo que es necesario es que reconozcan que lo que hicieron estaba mal y que no hay ningún proyecto político que justifique el uso de la violencia durante años”, sostuvo. De ahí que Ladrón de Guevara considere que ETA ha encarnado “un proyecto político totalitario que justifica el uso de la violencia contra el que piensa diferente”. “No solo es necesario que pidan perdón, sino que también es importante deslegitimar el proyecto por el que ETA asesinó”, subrayó.

Consuelo Ordoñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) y hermana del dirigente del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en enero de 1995, también ha advertido que la disolución “no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos han aireado y asumido como propio”.

“Identidad asesina”

En ese contexto, la plataforma de víctimas que dirige Ordoñez está al frente de una campaña lanzada en los últimos días para pedir “el esclarecimiento de los 358 asesinatos sin resolver”.

En un manifiesto firmado por un centenar de intelectuales y víctimas del terrorismo, advierten que “ETA fue el fruto de una identidad política excluyente y contraria al pluralismo político que se convirtió en una identidad asesina”. También le acusa de “manipular el pasado” y asegura que “a partir de 1978 hubo libertad democrática en toda España y si no fue más pacífica es por culpa de la propia ETA”.

El texto difundido por COVITE señala además que no ha habido un perdón claro “a toda la sociedad española y al Estado de Derecho que intentó destrozar”. “Solo si condena la historia del terror se puede aceptar el paso adelante”, subraya.

Los impulsores de este manifiesto piden también “el final de los homenajes públicos a terroristas”, “el respeto a todas las víctimas sin excepción” y “el reconocimiento público de que ETA obstaculizó el desarrollo de la democracia en España y que a pesar de ello hay ahora en España una democracia indudable, que debe ser respetada y defendida por todos, constitucionalistas y nacionalistas”.

“Nacionalista-etnicista”

Mientras tanto, la plataforma Voces Contra el Terrorismo que lidera Francisco José Alcaraz ha optado por acudir a la Audiencia Nacional a presentar una denuncia contra el Centro Henry Dunant, la fundación con sede en Ginebra que podría tener algún tipo de rol en la disolución de ETA, algo que aún no ha podido ser plenamente confirmado. En cualquier caso, VCT ha acusado tanto a la fundación como a su presidente honorario, el ex secretario general de la OTAN Javier Solana, de “encubrimiento terrorista”.

“ETA es una organización terrorista de corte nacionalista-etnicista que atentó en España en situación de paz, y no de conflicto armado”, dice Alcaraz en una carta remitida el pasado día 30 de abril a la sede del Centro Henry Dunant.