Un estudio del Instituto de Investigación en Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, centrado en las dos décadas que van de 2000 a 2020, cifra en a 3.743 los casos de corrupción política que ha habido en España. Este informe, titulado “La corrupción política España: un análisis descriptivo (2000-2020)” y cuyo autor es José Abreu, de la Universidad de Las Palmas, es uno de los más exhaustivos que he encontrado sobre este asunto que tiene carcomido a nuestro país.

Abreu concluye que, entre 2000 y 2020, la mayor parte de los casos de corrupción en España, un 85,2%, tiene lugar en el ámbito municipal, donde concejales, funcionarios y funcionarias, alcaldes y alcaldesas están implicadas. Canarias es la comunidad con mayor proporción de municipios  que han estado implicados en un caso de corrupción, una proporción del 69,3%. Le sigue la Región de Murcia, con el 68,9% de municipios implicados en casos de corrupción. Es decir, de 45 municipios, 31 (TREINTA Y UNO) son corruptos.

Murcia es asimismo, la segunda provincia más corrupta, después de Las Palmas, que lidera el ranking provincial del país y antes de Pontevedra, en Galicia. Ya saben ahora adónde quiero llegar.

La semana pasada murieron 13 personas en un incendio en varias discotecas de Murcia. Cuantos más detalles de esta tragedia vamos conociendo, peor se ponen las cosas para la administración municipal. El dolor de las pérdidas de vidas es inabarcable, no alcanzo a imaginarlo; pero si a él le sumas la responsabilidad empresarial e institucional que pudo haber evitado tanto sufrimiento, la rabia, la impotencia y el señalamiento son inevitables. No solo tiene que haber un castigo penal a un empresario (un decir) ya conocido por su usura, delitos y malas prácticas, Juan Inglés Rojo, sino que los responsables políticos e institucionales deben aclararnos todo y rendir cuentas lo más rápido posible.

En Murcia, en definitiva, había un empresario de reputación nefasta ganando dinero de forma ilegal con el ocio de muchos ciudadanos y ciudadanas y gracias a unos políticos y gestores que dicen no haberse enterado de por qué seguían abiertas unas discotecas que tenían orden de cierre desde enero de 2022. Ya le digo yo por qué seguían abiertas: porque son unos corruptos, el ‘pseudoempresario’ sin escrúpulos y quienes, teniendo la obligación porque para eso les pagamos los ciudadanos, hicieron la vista gorda o la mano laxa, ya se verá en qué acaba la investigación.

Han muerto 13 personas, la corrupción las ha matado, pero en este país, se han normalizado las prácticas corruptas y se olvidan muy pronto. Votamos a políticos condenados, relacionados con casos de corrupción, a cómplices que sabían y callaban, a partidos que no solo no condenan, sino que defienden a sus corruptos y corruptas, que otorgan licencias y contratos públicos a delincuentes como el dueño de las discotecas de Murcia …

Han muerto 13 personas, pero el rey emérito hizo mucho por España y los narcos en Galicia ‘solo’ eran contrabandistas, pero mataban con heroína, cuando un aspirante a presidir el Gobierno y un partido hegemónico se codeaba con ellos. Murcia es la imagen de la corrupción más siniestra que tenemos hoy, pero no es la única.

Horas después de los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Atocha, una mujer increpó a la reina Sofía cuando entraba al pabellón de Ifema habilitado como morgue de urgencia: “Siempre nos matan a los pobres”, a los trabajadores, a los mismos. La corrupción también mata y sí, también siempre pagan los mismos.