Viera, del caso ERE: "yo soy maestro y confiaba en mis subordinados"

Ni sabía nada, ni le dijeron nada, ni preguntó nada. José Antonio Viera, consejero de Empleo andaluz entre 2001 y 2004, sólo se centraba en la dirección política de su departamento y en paliar los cierres de empresas y deslocalizaciones que surgieron en su etapa. La gestión recaía en sus subordinados y sobre ellos ha atribuido la responsabilidad de las irregularidades cometidas en la aprobación de los Expedientes de Regulación de Empleo y no en la cúpula política de la Junta de Andalucía.

Viera es el primero de los aforados imputados que declara ante el Tribunal Supremo por esta causa que se instruye en Sevilla. El Tribunal de Cuentas ha cifrado en 850,3 millones de euros las ayudas concedidas a empresas y personas entre el año 2001 a 2010. De ellos, en 64,1 millones de euros se ha incurrido en irregularidades contables y en procedimientos legales esquivados para adjudicar estas ayudas.

Han pasado quince años de aquella época de crisis y reestructuración en Andalucía. Y Viera ha explicado al instructor del caso en el Supremo, Alberto Jorge Barreiro, y a los fiscales que la perspectiva de entonces no es la de ahora. "No era una cuestión de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía, no era un sistema para ocultar nada", según ha declarado ante el Supremo.

En el Supremo ha reconocido que pudieron hacerlo mejor, pero ha desmentido que él participara en la estrategia ni en el diseño del fraude. El principal responsable que ha señalado en su declaración es Francisco Javier Guerrero, el director general de Trabajo y Seguridad Social entre 1999 y 2008 y que se encuentra en prisión por esta causa desde el año 2012.

"Yo tomé la decisión política de ayudar" en esta etapa de crisis. Para ello, encargó a las direcciones generales de su consejería la búsqueda de un instrumento legal ágil destinado a canalizar las ayudas públicas. Este instrumento fue el Convenio Marco del año 2001, con el que abordar "la problemática que ya traían en el periodo 1996 a 2000".

Viera ha asegurado ante el juez que desconoce el motivo de que el instrumento jurídico fuera tan amplio y les dejara tanto margen, pero defiende que tenía la garantía de la legalidad

Viera ha asegurado ante el juez que desconoce el motivo de que el instrumento jurídico fuera tan amplio y les dejara tanto margen, pero defiende que tenía la garantía de la legalidad porque cada papel tenía un "recorrido previo por las estructuras responsables" de los funcionarios. Esto es, cuando este Convenio le llega a su firma como consejero "está plenamente convencido que ha llevado el camino legal correcto".

"Yo soy de profesión maestro", ha explicado al juez, para argumentar que carece de formación jurídica suficiente "como para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios". El "confiaba plenamente" en sus subordinados y sólo se ocupaba de la dirección política.

También ha explicado la estructura de su consejería en aquella etapa. Tenía tres estructuras de coordinación. La primera eran las reuniones semanales entre el consejero, el viceconsejero y el secretario general técnico. La segunda era una reunión quincenal de los Directores Generales y la tercera eran las reuniones del Consejo de Dirección, donde cada director general exponían las "cuestiones generales" de su área de responsabilidad.

En su declaración ante el Supremo, Viera ha destacado que en ninguna reunión del Consejero de Dirección Guerrero le habló "del detalle de ninguna subvención o ayuda". Es más, "en ningún caso" le explicó "ningún tema relacionado con las ayudas o subvenciones, ni le comunicó la existencia de posibles irregularidades en estas ayudas".

Las preguntas del instructor han girado en torno a las irregularidades atribuidas a la consejería de Empleo en el informe pericial de la Intervención General del Estado. Y, en concreto, en el exceso de ayudas en la zona de Sierra Norte de Sevilla, donde supuestamente trabajaba su hija.

También ha reconocido una visita del alcalde del Pedroso, Rafael Rosendo, con una delegación de empresarios de la zona donde le explicaron un proyecto estratégico para configurar un matadero y secadero. Se trata del Matadero de la Sierra Morena y él "traslada" la importancia del proyecto a Guerrero para que configure la ayuda a esta asociación de ganaderos de la zona, al grupo Barbadillo y algunas otras pequeñas empresas de la comarca. Lo mismo ocurre con dos almazaras- de El Pedroso y de Guadalcanal- cuya petición de ayuda también remite a Guerrero; él acude a dos actos en la zona "para reafirmar el compromiso de la Junta" en apoyar a esta comarca deprimida.

El plato fuerte de las declaraciones ante el Supremo llegará el jueves, con la comparecencia como imputado del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y el día 14 de abril, con la del expresidente Manuel Chaves. El día 16 toca al poderoso exconsejero Gaspar Zarrías y, por último, el 21 de abril, a la exconsejera autonómica Mar Moreno.